Los manifestantes, que colmaron las principales vías de Tegucigalpa y del país, protestaban también en contra de la presunta privatización de los servicios públicos de salud y educación.

Tegucigalpa. Decenas de miles de personas marcharon este jueves en Honduras para exigir la dimisión del presidente Juan Orlando Hernández, en una de las jornadas de protesta más numerosas desde fines de 2017, cuando el mandatario fue reelecto en unos comicios calificados como fraudulentos por la oposición.

Los manifestantes, que colmaron las principales vías de Tegucigalpa y del país, protestaban también en contra de la presunta privatización de los servicios públicos de salud y educación. Algunos fueron reprimidos con gases lacrimógenos por militares y policías.

Al coro de "la dictadura va a caer", decenas de miles de jóvenes se unieron al primer día de un paro nacional, que se extenderá hasta el viernes y fue convocado por una Plataforma de Defensa de la Educación y la Salud Pública, encabezada por líderes de los gremios educativo y médico.

La marcha obligó a cerrar por unas horas el aeropuerto internacional Toncontín, al sur de Tegucigalpa, y desviar los vuelos a terminales alternas, dijo su portavoz.

Una patrulla de la policía fue incendiada en las cercanías del aeropuerto y un camión de carga fue quemado en una carretera al norte del país. Fuerzas antidisturbios desalojaron los bloqueos en varias carreteras de la nación con bombas lacrimógenas, dijo el portavoz del ministerio de Seguridad.

La llamada Plataforma de Defensa de la Educación y la Salud Pública, que suspendió hace un mes las atenciones de consulta externa en los hospitales y hace casi 20 días las clases en las escuelas primarias y secundarias estatales, exige la derogación de decretos presidenciales que, aseguran, impulsarán la privatización de la salud y educación pública.

Las protestas se han venido acrecentando en los últimos días ya que la mayoría del país -que se encuentra por debajo de la línea de la pobreza- sostiene que no podrá acceder a la salud y educación si es privatizada.

El presidente Hernández, cuya aprobación se encuentra en mínimos de su gestión, ha llamado al diálogo y asegura que su Gobierno no pretende privatizar los servicios públicos, aunque se niega a derogar los decretos presidenciales aprobados.