El consultor internacional en materia de drogas, Roger Rumrrill, explicó que el Perú inició en 2000 la política de erradicación compulsiva de hoja de coca cuando había más de 30 mil hectáreas de esos cultivos; y en el 2010, luego de una década, existen 61.200 mil hectáreas, de acuerdo al último informe de Naciones Unidas.
Lima, Andina. Diez años de una política antidrogas basada en la erradicación forzosa no redujo los cultivos ilegales de hoja de coca, sino que se duplicó, hecho que constata su innegable fracaso, aseveró hoy el consultor internacional en materia de drogas, Roger Rumrrill.
Explicó que el Perú inició en 2000 la política de erradicación compulsiva de hoja de coca cuando había más de 30 mil hectáreas de esos cultivos; y en el 2010, luego de una década, existen 61.200 mil hectáreas, de acuerdo al último informe de Naciones Unidas.
“Eso demuestra que esa política ha sido un fracaso. En estos 10 años se han erradicado unas 100 mil hectáreas, pero en términos reales los cultivos de hoja de coca no se redujeron, se duplicaron”, aseveró.
Rumrrill, especialista en temas amazónicos, explicó que la capacidad de reposición de las áreas de cultivo de hoja de coca es mucho mayor de lo que se puede erradicar; por lo que “queda demostrado que una política centrada en la erradicación compulsiva, que no se preocupa por el desarrollo integral, no es la salida”.
Sostuvo que para solucionar este problema “lo que se debe erradicar es la pobreza” que existe en las zonas cocaleras, y que impulsa a los campesinos a cultivar esa planta, principal insumo para la elaboración de clorhidrato de cocaína.
Añadió que con ese objetivo se debe emplear una estrategia económica y social a favor de estas poblaciones, que permita hacer sostenible en el tiempo la reducción de cultivos; pero también tener un férreo control de los insumos químicos y fortalecer la lucha contra el crimen organizado, a nivel judicial y policial.
Advirtió que quienes defienden la política antidrogas basada en la erradicación compulsiva, parten de la premisa equivocada de que disminuyendo la oferta de estupefacientes, se logrará elevar el costo del producto, y que ello desincentivará finalmente el consumo.
“Pero ese enfoque viola los principios básicos del libre mercado. La verdad es que mientras continúe la fuerte demanda en los países consumidores, la oferta continuará”, aseveró.
Un informe de la OEA divulgado en julio pasado reveló que pese a la enorme incautación de drogas en la región, que llegó a 550,6 toneladas métricas de estupefacientes en el 2009, el consumo no se ha reducido ni se ha socavado a los cárteles del narcotráfico.
Rumrill consideró que las críticas al jefe de la Comisión Nacional de Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), Ricardo Soberón, provienen de sectores que tienen diversos compromisos, como consultorías, estudios y relaciones con la política antidrogas desarrollada en los últimos años en elpaís.
