Kai Ambos, juez y conocedor de la Corte Penal Internacional, propone que se establezca una especie de comisión mixta para analizar los crímenes cometidos por la guerrilla e incluso imponer o levantar sanciones.

Pragmático. Kai Ambos —alemán, 47 años de edad— conoce bien las negociaciones que se han hecho en Colombia para llegar a la paz.

Vivió un buen tiempo en el país sudamericano, mientras realizaba sus estudios de doctorado con la Universidad de Múnich, y como académico ha analizado a profundidad la jurisprudencia colombiana y la justicia transicional que surgió de los acuerdos entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y los paramilitares.

Esta semana estuvo en el país y se reunió con algunas autoridades, con otros analistas y con El Espectador, con el que charló respecto a los diálogos de paz con las FARC, que se espera comiencen esta semana.

- ¿Cómo ve los diálogos con las FARC?

- Es una buena iniciativa, es bueno que el gobierno y las FARC estén dispuestos a dialogar.

- ¿Cómo debe ser el marco de justicia transicional que resulte si los diálogos de paz prosperan?

- En este momento ya hay un marco de justicia transicional, que es la Ley 975 de Justicia y Paz. Cabe recordar que, además de los paramilitares, algunos miembros de las FARC se sometieron a las autoridades bajo esta ley. No obstante, está claro que las FARC, como grupo, no quieren que se les asimile a las autodefensas, ellos quieren algo diferente, algo especial para ellos. Pero ese ‘algo’ no podrá ser como fue con el M-19, por ejemplo.

- ¿Por qué?

- Primero, en esa época no existía ni la jurisprudencia ni la situación internacional que hoy existe. Las Farc deben entender que la amnistía total es imposible. La CIDH no lo permitiría. La CPI no lo permitiría y, quizás, algunos estados no lo permitan. Está claro que el gobierno, sin incluir estos actores internacionales en las negociaciones, no les puede ofrecer a las Farc una completa seguridad jurídica. Ellas deben estar dispuestas a dar algo, a aceptar sus crímenes y responder con algo.

- ¿Cómo ve este proceso en comparación con otros que se han llevado a cabo en el mundo?

Creo que Colombia es un caso particular y cualquier comparación queda corta frente a las particularidades colombianas. Acá convergen varios actores armados, y eso sin contar el narcotráfico.

- Pero, volviendo al tema, ¿qué marco propondría?

- Está claro que las FARC no aceptarán la Ley 975. Yo pienso que puede ser útil algo así como una comisión mixta judicializadora, compuesta por jueces o expertos nacionales e internacionales. Esta comisión debe ser parte del sistema judicial colombiano y debe poseer poderes de judicialización, pero, de todos modos, sería un mecanismo especial para las FARC, que así aceptarían que jugaron un papel especial en la historia de la violencia colombiana. Claro, esa comisión también debería revisar las condenas (en ausencia) que ya pesan sobre algunos miembros de las Farc y analizar si quizás se suspenden a cambio de colaboración.

Se debe, además, crear para los miembros más responsables, los comandantes, una comisión. Se pueden crear varias comisiones paralelas para que el proceso sea dinámico y suficientemente rápido. Y, por supuesto, estas comisiones deben tener la última palabra, es decir, sus decisiones tienen que tener efecto de cosa juzgada.

- O sea, ¿esta comisión también puede imponer una pena?

- Esa es la pregunta del millón. En principio creo que sí pero, evidentemente, aquí se necesita flexibilidad. Por ejemplo, es posible que no se ejecute una pena que tal comisión imponga.

- ¿Qué piensa del Marco Legal para la Paz?

- Me parece bien, pues la negociación con las FARC requiere un marco flexible y normas para poder revisar la jurisprudencia que existe y se decida si se hacen modificaciones o no, evidentemente, con los límites que impone el Derecho Internacional. Por ello, reitero, la comunidad internacional debería ser incluida en esto.

- En pasadas negociaciones siempre ha habido quienes estén dispuestos a sabotear la paz. ¿Qué hacer para evitar que vuelva a suceder?

- Efectivamente este punto es muy importante. Por eso creo que el proceso debe ser inclusivo, es decir, habría que incluir en él por lo menos a todos aquellos que pudieran perturbarlo. Además, debe ser aceptado por toda la sociedad colombiana: el gobierno debe ser muy transparente, explicar a la sociedad a través de los medios de comunicación los pasos del proceso y no solamente los resultados.