José Miguel Cruz, de visita en Uruguay para investigar la regulación del mercado de marihuana por parte del gobierno, considera que el régimen tradicional no ha funcionado porque no se ha reducido significativamente el consumo.

José Miguel Cruz es director de investigaciones del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe (LACC) de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) en Miami. Cruz está en Uruguay en el marco de una investigación sobre la regulación del mercado de marihuana por parte del gobierno.

La investigación es realizada por la Universidad Católica y por la FIU y está financiada por Open Society Foundations, fundada por el magnate George Soros. La investigación consiste en la realización de encuestas y de un seguimiento a consumidores en las próximas semanas, que se prolongará hasta el próximo año.

- ¿Qué evaluación hace de la legislación uruguaya sobre el mercado de la marihuana?

- Es un esfuerzo del gobierno uruguayo de controlar de manera sistemática los efectos del consumo de la marihuana, a la luz de lo que se ha probado en la región y en el mundo ha sido la prohibición absoluta. Es un experimento. ¿Qué resultados, que implicaciones tendrá? Aún no lo sabemos. Pero sin dudas es un intento por tener una respuesta distinta a la que se ha aplicado en la mayoría de los países.

- ¿Este cambio de estrategia puede ser efectivo?

- Es difícil saberlo. Lo que está claro es que el régimen tradicional no ha funcionado porque no se ha reducido significativamente el consumo, y hay problemas de violencia asociados al tráfico. Se ha llegado al acuerdo de que hay que ver esto con una mirada distinta. Pero no vamos a saber si es efectiva hasta que no veamos los resultados de la implementación de la ley. Y en ese sentido la situación de Uruguay es un experimento social, es algo que no se hace en otro lado.

- ¿Por qué considera que no ha funcionado el encare actual de combate contra el tráfico de drogas?

- No ha funcionado fundamentalmente porque es difícil, ante una demanda tan grande, es complicado controlar la oferta. El régimen general ha sido el de reprimir la producción más que la demanda, y eso ha demostrado que mientras exista esa demanda, va a haber una oferta. El esfuerzo que está haciendo Uruguay es el de controlar ambas cosas.

- ¿Qué aspectos de la ley uruguaya considera que se podrían profundizar o mejorar?

- No creo estar en posición de evaluar la ley, mi papel es el de evaluar los resultados de su aplicación. Sí considero que lo que hace Uruguay demuestra coraje, porque el Estado toma parte de varias cadenas, la de producción, de comercialización, de consumo, lo que es bastante novedoso.

- ¿Qué opinión hay en EEUU sobre la ley? ¿Se está observando la situación?

- Se la está observando con mucho interés, porque EEUU está en un proceso, no igual, pero similar, de despenalización del consumo de marihuana. Pero allá las iniciativas se llevan a nivel de los Estados, ya que Estados Unidos es un Estado federado y los Estados tienen iniciativas propias, como Colorado, Washington, California. Lo que es interesante es que a pesar de este empuje en algunos Estados, el gobierno federal se resiste a tener una visión más amplia. Por lo tanto, lo que hay en EEUU es una contradicción, entre las leyes estatales, como la de Colorado, que es similar –al menos en espíritu– a la ley uruguaya, con la ley federal que mantiene la prohibición. Estas contradicciones generan otras dinámicas políticas que no las tiene Uruguay, por lo tanto, el caso uruguayo se vuelve más interesante, porque estamos hablando de despenalización a nivel nacional, algo que EEUU aún ve con mucho temor. Por eso los ojos están puestos en lo que suceda aquí para aprender.

- ¿Cree entonces que la aplicación a nivel nacional es más fácil en Uruguay que en Estados Unidos, quizás por una cuestión de escala?

- Es más fácil, pero no solo por la escala, sino porque el sistema de gobierno estadounidense es mucho más complejo, con todos los niveles de gobierno: municipal, estatal, federal. En Uruguay es mucho más simple, por su sistema unitario. Además, las implicaciones en el caso estadounidense son mucho más complejas. Creo que se va a mantener lo que sucede actualmente, con algunos Estados legalizando el consumo, pero que se logre un acuerdo entre los 50 estados es muy difícil. Por otra parte, en EEUU las agencias de seguridad tienen un alto compromiso con las políticas públicas. Entonces, la burocracia que genera la DEA o la Homeland Security no existen en Uruguay.

- La iniciativa de Uruguay está aislada dentro de la región y se ha afirmado que tendría que haberse coordinado con los países vecinos. ¿Qué opina de esto?

- Creo que es difícil saber qué tanto podrían adoptar las condiciones de la ley los países vecinos. En el contexto latinoamericano, Uruguay es único por la fortaleza de sus instituciones y por su tradición democrática, por lo que la posibilidad de que esta experiencia se pueda aplicar de forma eficiente es mayor que la que existe en Centroamérica o en Paraguay, donde las instituciones son más débiles.

A su vez, Uruguay, a través de la Junta Nacional de Drogas y de encuestas realizadas entre los consumidores, tiene conocimientos sobre el tema, que hacen que no se parta “de cero”. Esta situación no se puede dar en otros países, donde el conocimiento es muy limitado.

- ¿Hay otros factores que le otorguen ventaja a Uruguay para aplicar esta ley?

- A Uruguay lo favorece su ubicación. Es distinto estar a 7.000 kilómetros de Estados Unidos que estar al lado. Estados Unidos es uno de los principales consumidores de drogas a nivel mundial, y, además, tiene una fuerte influencia en su “vecindario”, por lo que hacer algo así en México sería imposible, al menos sin tener un acuerdo con EEUU.

- En cuanto a sus vecinos, tanto en Brasil como Argentina crece el consumo, pero sin llegar a la misma escala que Estados Unidos. ¿Considera que esta ley ayudará a reducir el narcotráfico o la violencia asociada a él?

- La apuesta uruguaya es una apuesta valiente, pero no sabremos lo que sucederá hasta ver los resultados. En comparación con la región, la violencia en Uruguay es menos, si bien a nivel interno hay una sensación de aumento de la inseguridad. A pesar de eso, aún se está muy lejos de lo que sucede en la región, que es considerada la más violenta del mundo. Hay países con un promedio de 90 homicidios cada 100 mil habitantes, el promedio de América Latina es de 50, y en Uruguay hay menos de 5 (nota de redacción: en realidad las cifras oficiales señalan 8), lo que también supone una ventaja en la aplicación de la ley.

Es el momento de actuar, no cuando el crimen organizado esté fuera de control, hay que evitar que tenga el peso que tiene en otros países, por lo que la ley uruguaya tiene un enfoque de prevención antes que de control contra el narcotráfico, contrariamente a lo que se hace internacionalmente.