El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) sostiene que será trascendental la designación de los magistrados de las salas especializadas y quienes sancionarán actos de corrupción cometidos por servidores públicos.

La ausencia de un fiscal especializado no sólo deja al Sistema Nacional Anticorrupción incompleto, sino también afecta a la procuración de justicia, ya que sin el nombramiento, las modificaciones y el endurecimiento del código penal en el apartado de sanciones por corrupción se mantendrán en una pausa aletargada hasta que el Senado apruebe dicha posición, indicaron expertos.

Éste es uno de los temas importantes que se deben tomar en cuenta de cara a la entrada en vigor de las leyes anticorrupción nacionales y estatales el próximo 19 de julio, opinó Luis Carlos Ugalde, director general de la consultora Integralia y miembro del Comité de Acompañamiento creado por el Senado para la designación del titular de la nueva Fiscalía Anticorrupción.

En el marco del Foro Empresarial Anticorrupción Ciudad de México 2017, realizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el también ex consejero presidente del IFE indicó que el tema ha sido retomado por la clase política a través de disputas y descalificaciones a las mismas leyes, la cuales fueron —dijo— creadas por ellos mismos.

Precisó que el tema del combate a la corrupción puede ser retomado por los partidos políticos y los candidatos en la próxima elección presidencial, lo que politizaría el tema, dejando de lado el verdadero interés por erradicar la problemática.

En esta línea, el director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Juan Pardinas, enfatizó la importancia que tendrá la designación de los magistrados que ocuparán la titularidad de las salas especializadas en materia de sanciones a servidores públicos por corrupción.

Pardinas refirió que los postulantes a dichas salas, presentadas al Congreso de la Unión por parte del Ejecutivo federal, “no cumplen con los requisitos de independencia política”, ya que algunos aún tienen intereses partidistas.

Señaló que, de no funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción, no sólo fracasarían las instituciones que lo conforman y la sociedad civil que ha pugnado por su creación, sino todo el país. Este fracaso, aseveró, se traduciría a otros rubros de políticas públicas como el combate a la inseguridad o incluso el crecimiento económico del país.

Por otra parte, otro de los factores que puede hacer que el Sistema no funcione de manera adecuada son los Sistemas Locales, los cuales están librando batallas propias en los Congresos estatales, mismos que, coincidieron especialistas, han “mostrado debilidad” en su función como contrapeso entre poderes.

Tanto Luis Carlos Ugalde como Juan Pardinas coincidieron en que la independencia del poder Legislativo en los estados será crucial para el fortalecimiento de los Sistemas Locales.

En tanto que del lado empresarial, se coincidió en el Foro, hay responsabilidades claras que se pueden tomar con mayor seriedad.

Vanessa Silveyra, coordinadora del programa de Transparencia Mexicana, afirmó que el sector privado puede implementar tres acciones que ayudarían a combatir la corrupción:

Contar con una política anticorrupción clara y de fácil acceso tanto al interior como al exterior de la organización, así como publicitar la estructura de los consorcios y los informes financieros de las empresas que los integran.