Tres murieron la noche de los ataques, los restos calcinados de uno de ellos fueron identificados y 42 permanecen desaparecidos.

Ciudad de México. Un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que revisó la investigación sobre la desaparición y posible masacre de 43 estudiantes en México, derribó el domingo la conclusión oficial de que los jóvenes fueron incinerados en un basurero y reducidos a cenizas.

La fiscalía federal presentó en enero lo que llamó "la verdad histórica" sobre los estudiantes, señalando que fueron confundidos con sicarios de un grupo de la delincuencia organizada en la sureña ciudad de Iguala, asesinados y quemados en el basurero del pueblo vecino de Cocula.

Los expertos señalaron un gran número de fallas en la investigación y dijeron que hay indicios de que fueron torturados los cinco detenidos que adjudicaron el crimen, lo cual pondrá más presión al Gobierno de Enrique Peña Nieto en un caso que despertó indignación dentro y fuera del país.

Un centenar de estudiantes, pertenecientes a la escuela de magisterio rural de Ayotzinapa, llegaron a Iguala el 26 de septiembre para apoderarse de autobuses que iban a utilizar para acudir a una protesta en la capital, cuando fueron atacados a balazos por policías municipales y sicarios.

Tres murieron la noche de los ataques, los restos calcinados de uno de ellos fueron identificados y 42 permanecen desaparecidos.

"No existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada en base a testimonios, de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula el 27 de septiembre de 2014", señaló el informe final de casi 500 páginas del llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Los expertos, entre los que se encuentran la fiscal colombiana Angela Buitrago y la guatemalteca Claudia Paz y Paz, pidieron un peritaje al especialista peruano José Torero -quien participó en los estudios posteriores al derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York- que estableció que no hubo en el lugar un incendio tal como para quemar 43 cuerpos.

Los familiares de los jóvenes nunca creyeron las conclusiones del entonces fiscal Jesús Murillo, que según abogados conocedores del caso trató de cerrar un asunto que lastimaba al Gobierno.

Una investigación de Reuters mostró la semana pasada que las pesquisas estuvieron plagadas de fallas que obligarían a replantear por completo el caso

El GIEI señaló que el Gobierno realizó confusos reportes acerca de la existencia de un quinto autobús en el que viajaban los estudiantes y que podría haber contenido drogas o dinero del cártel Guerreros Unidos, que opera en la zona, y que éste trató de recuperar en complicidad con fuerzas de seguridad.

"La acción de los perpetradores estuvo motivada por lo que se consideró una acción llevada a cabo por los normalistas contra intereses de alto nivel", señaló el informe sobre el móvil del crimen.

Y pidió a la Procuraduría General de la República (PGR, o fiscalía federal), que ahonde en la investigación de este punto, basado en que Guerreros Unidos utiliza autobuses para trasladar heroína a Chicago, uno de sus principales mercados.

Los expertos de la CIDH también dijeron que es necesario establecer qué papel jugaron esa noche la Policía Federal y el Ejército, que estaban al tanto de los movimientos de los estudiantes, pero no intervinieron para frenar un ataque masivo en pleno centro de la ciudad.

Los expertos realizaron decenas de entrevistas con detenidos, sobrevivientes y testigos, pero no se les permitió hablar con militares que estuvieron presentes esa noche en distintos puntos de Iguala.