Los expertos señalaron un gran número de fallas en la investigación y dijeron que hay indicios de que los cinco detenidos que confesaron el crimen fueron torturados, lo cual pone más presión al gobierno de Enrique Peña Nieto en un caso que despertó indignación dentro y fuera del país.
México DF. Un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que revisó la investigación sobre la posible masacre de 43 estudiantes en México, derribó este domingo la conclusión oficial de que los jóvenes fueron incinerados en un basurero y adjudicó responsabilidad por los hechos a fuerzas federales.
Los expertos señalaron un gran número de fallas en la investigación y dijeron que hay indicios de que los cinco detenidos que confesaron el crimen fueron torturados, lo cual pone más presión al gobierno de Enrique Peña Nieto en un caso que despertó indignación dentro y fuera del país.
La fiscalía federal presentó en enero lo que llamó "la verdad histórica" sobre los estudiantes, señalando que fueron confundidos con sicarios de un grupo de la delincuencia organizada en la sureña ciudad de Iguala, asesinados y quemados en el basurero del pueblo vecino de Cocula.
Sin embargo los expertos, entre los que se encuentran la ex fiscal colombiana Ángela Buitrago y la guatemalteca Claudia Paz y Paz, pidieron un peritaje al especialista peruano José Torero -quien participó en los estudios posteriores al derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York- que estableció que en el lugar no hubo un incendio de dimensiones como para quemar 43 cuerpos.
"Hay enormes contradicciones entre el peritaje y las versiones dadas por los inculpados (...) Ese evento (la quema en Cocula), tal y como ha sido descrito, no pasó", dijo el español Carlos Beristain, uno de los integrantes del grupo.
De acuerdo a la estimación de Torero, para incinerar 43 cuerpos deberían haberse utilizado 30 toneladas de madera y el fuego tuvo que arder por 60 horas. Además, la llama tendría que haber alcanzado 7 metros y el humo 300 metros, lo que habría llamado la atención de la población.
El 26 de septiembre del 2014, un centenar de estudiantes, pertenecientes a la escuela de magisterio rural de Ayotzinapa, llegaron a Iguala para apoderarse de autobuses que iban a utilizar para acudir a una protesta en la capital, cuando fueron atacados a balazos por policías municipales y sicarios.
Tres murieron durante los ataques, que duraron varias horas. Los restos calcinados de uno de ellos fueron identificados y 42 permanecen desaparecidos.
Gobierno anuncia nuevo peritaje. Reaccionando al informe del llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de casi 500 páginas, el presidente Enrique Peña Nieto dijo en su cuenta de Twitter que dio indicaciones a distintas dependencias de su administración para que analicen las recomendaciones que incluye.
"He dado indicaciones para que las investigaciones de los trágicos sucesos de Iguala tomen en cuenta los elementos aportados por la GIEI", señaló el mandatario.
Por lo pronto, la fiscal Arely Gómez dijo que ordenará un nuevo peritaje a un cuerpo colegiado de peritos forenses de alto nivel, para establecer cuál fue el destino de los estudiantes.
"Las investigaciones continuarán hasta sus últimas consecuencias", dijo Gómez, quien añadió que pedirá que los expertos de la CIDH continúen trabajando en el caso.
Tal como mostró la semana pasada una nota de Reuters, las pesquisas estuvieron plagadas de fallas y sería necesario rehacer toda la investigación.
"Debe darse un replanteamiento general de la investigación en base a estos datos", dijo Beristain.
Los padres de las víctimas se mostraron complacidos por el informe, y a la vez indignados, y exigieron reunirse con Peña y que el fiscal Murillo sea investigado por mentirles.
"Queremos que sea investigado esta porquería de ser humano (...) Exigimos una reunión con Enrique Peña Nieto pero que estén presentes nuestros expertos (de la CIDH)", dijo Emiliano Navarrete, padre del estudiante José Navarrete.
La madre del estudiante desaparecido Jorge Alvarez, Blanca Nava, calificó a las conclusiones del Gobierno como "la mentira histórica" y advirtió que seguirán buscando a los jóvenes.
Heroína a Chicago, hipótesis del móvil. Uno de los aspectos que los expertos señalaron es que se debe establecer qué papel jugaron esa noche la Policía Federal y el Ejército, que estuvieron al tanto de los movimientos de los estudiantes pero no intervinieron para frenar un ataque masivo contra los jóvenes desarmados, en pleno centro de la ciudad.
Incluso señalaron que una patrulla de policías federales detuvo uno de los cinco autobuses en los que se desplazaron los estudiantes por distintos puntos de Iguala.
"Este informe proporciona una acusación totalmente condenatoria al manejo de México de la peor atrocidad de los derechos humanos en la historia reciente", opinó José Vivanco, director de Human Rights Watch, en un comunicado.
Por otra parte, el GIEI señaló que el Gobierno emitió confusos reportes acerca del quinto autobús en el que viajaban los estudiantes y que podría haber contenido drogas o dinero del cártel Guerreros Unidos, que opera en la zona y habría tratado de recuperarlo en complicidad con fuerzas de seguridad.
Y pidió a la Procuraduría General de la República (PGR, o fiscalía federal), que ahonde en la investigación de este punto, basado en que Guerreros Unidos utiliza autobuses para trasladar heroína a Chicago, uno de sus principales mercados.
Los expertos realizaron decenas de entrevistas con detenidos, sobrevivientes y testigos, pero no se les permitió hablar con militares que estuvieron presentes esa noche en distintos puntos de Iguala.
