En reunión con senadores, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) aclararon que en su informe no asignaron responsabilidades de ningún tipo.

Integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que se encargaron de investigar el caso Ayotzinapa propusieron al Senado de la República reformar las leyes para que los servicios periciales sean autónomos y no formen parte de la Procuraduría General de la República (PGR), con lo que se evitarán investigaciones sesgadas.

Al reunirse este miércoles con senadores de la Comisión de Derechos Humanos y Relaciones Exteriores Organismos Internacionales de la Cámara Alta, Francisco Cox destacó que la desaparición de 43 estudiantes normalistas evidenció que urge este cambio en la legislación mexicana, sobre todo porque el país transita a un sistema acusatorio en el que es fundamental poder sustentar las investigaciones penales en evidencia.

“Que los servicios periciales sean autónomos, que no sean parte de la PGR. La PGR en un sistema acusatorio se evidencia mucho más, pasa a ser una parte, es una de las partes del conflicto penal y del proceso penal”, dijo el experto designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Argumentó que la PGR se encarga de obtener las pruebas y trata de comprobar su tesis, no rebatirla, por lo que sólo la “autonomía e independencia de servicios periciales logrará que efectivamente se investigue sin ningún tipo de sesgo, con la posibilidad de que se confirme o refute la versión en determinada parte”.

Destacó además que México requiere una ley contra la desaparición forzada de personas que respete los estándares internacionales, que acumule la experiencia de otros países y que establezca la declaración de ausencia.

Aclaró que el GIEI hizo un informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes, pero en él no asignaron responsabilidades penales, ni administrativas, ni políticas. Esto luego de que los senadores cuestionaron quiénes son los culpables del delito.

Incluso el coordinador de la bancada del PRD, Miguel Barbosa, y el senador Alejandro Encinas afirmaron que al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, no se le ha fincado ninguna responsabilidad por el caso, pues está detenido por el homicidio del líder perredista Arturo Hernández Cardona.

Por su parte, el experto del GIEI, Carlos Martín Beristáin, precisó que el grupo no puede decir dónde están los estudiantes: “Nosotros no damos en ese peritaje evaluación sobre si los normalistas fueron asesinados o incinerados, no lo sabemos, no sabemos cuál ha sido el final de los normalistas”.

En un escenario aparte, el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, se reunió con organizaciones civiles y familiares de personas desaparecidas, quienes le entregaron una propuesta de ley sobre desaparición forzada.

Gil Zuarth aseguró que la iniciativa será tomada en cuenta y prometió que los familiares de las víctimas serán escuchados en el proceso parlamentario.

Janahuy Paredes dijo que para la ley se consultaron a más de 70 organizaciones de familiares desaparecidos en México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Estados Unidos.

La propuesta incluye la tipificación diferenciada de desaparición forzada y de desaparición por particulares; la coadyuvancia de los familiares de la víctima en las investigaciones, quienes además deberán tener derecho a la verdad; un sistema nacional de búsqueda y el registro único de personas desaparecidas.