Aquellas que acrediten un año de residencia en el país, deberán ser atendidas en cualquier centro de salud si deciden someterse a esta práctica.

Bastará sólo un año de residencia en Uruguay para que las extranjeras obtengan el mismo derecho de las nacionales a practicarse un aborto en cualquier centro de salud público o privado, según la nueva Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Esta legislación, que convirtió a Uruguay en un país pionero en la región en el tema, legaliza el aborto dentro de las primeras doce semanas de gestación. El articulado establece que cuando una mujer le indique al médico que quiere someterse a esta práctica, éste deberá remitirla a un equipo interdisciplinario conformado por un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social. Luego de una consulta psicológica e informativa, la mujer tendrá la última palabra.

En casos de violación las uruguayas y las extranjeras residentes tendrán hasta 14 semanas para realizarse el procedimiento, y cuando se diagnostique malformaciones del feto o riesgos de vida para la madre, no habrá límites. El subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, aseguró que la ley entrará en vigencia a mediados de diciembre.

Ya se lanzó una campaña para someter a referéndum la ley, una propuesta que el presidente José Mujica anunció que no vetará.

“Es un tema que debe resolver el voto de la gente”, dijo el mandatario durante un acto público. El primero de diciembre se celebrará la primera jornada de recolección de firmas.

El proyecto para despenalizar el aborto fue aprobado desde noviembre de 2011 en el Senado, pero estuvo estancado por la falta de apoyo de los diputados. Apenas el pasado 25 de septiembre se lograron los votos necesarios en la Cámara de Representantes. Se estima que al año se realizan unos 30.000 abortos clandestinos en este país.