Se trata del coronel Tranquilino Machado, procesado por la muerte del estudiante de veterinaria Ramón Peré, ocurrida en julio de 1973, y del ex policía Ricardo Zabala, procesado por la muerte del maestro Julio Castro, registrada el 1 de agosto de 1977.

El cimbronazo que provocó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) comunicada este viernes, sobre la inconstitucionalidad de la ley que interpretó la Ley de Caducidad (de octubre de 2011), podría ser mayor aún si la corporación judicial aplica el mismo criterio para los demás recursos presentados. Entre ellos, hay dos que involucran a militares privados de libertad, acusados de cometer delitos durante la dictadura (1973-1985).

La sentencia de la Corte responde a un recurso presentado por coroneles indagados por la Justicia. Como la inconstitucionalidad se atiende caso por caso, el efecto hasta ahora solo alcanza a ellos. Sin embargo, esperan a ser considerados en la SCJ otros cinco o seis escritos. Dos de ellos, según dijo a El Observador la abogada y asesora legal del Centro Militar, Graciela Figueredo, refieren a casos de exmilitares presos por delitos cometidos en dictadura.

Se trata del coronel Tranquilino Machado, procesado con prisión en junio de 201 1 por la muerte del estudiante de veterinaria Ramón Peré, ocurrida en julio de 1973. El otro escrito es por el caso del expolicía Ricardo Zabala, procesado en marzo de 2012 por la muerte del maestro Julio Castro, sucedida en la mañana del 1º de agosto de 1977.

La defensa espera que la Corte falle sobre esas causas con la lógica de la “decisión anticipada”, que consiste en aplicar los mismos argumentos de la sentencia inicial a los casos ya presentados con opiniones juríduicas similares sobre la inconstitucionalidad de la ley.

Figueredo -también promotora del caso declarado inconstitucional por la Corte- entiende que si se da lugar a los recursos de Machado y Zabala, y cae la ley interpretativa, se puede establecer que los delitos prescribieron y los procesados podrían ser liberados.

A juicio del abogado Miguel Langón, la Corte mantendrá el mismo criterio para los escritos presentados contra la ley interpretativa de la caducidad. “La ley es inconstitucional, y desde el punto de vista moral y ético el Poder Legislativo lo que hace es derogar una ley que es inconstitucional”, comentó a El Observador.

La repercusión política luego del fallo de la Corte, conocido este viernes después del mediodía, fue muy grande. Casi de inmediato, organizaciones sociales y de izquierda se pusieron de acuerdo en convocar a una concentración en repudio al máximo órgano del Poder Judicial, que tendrá lugar mañana sobre las 18 horas en la Plaza Libertad. El sector fundado por el presidente José Mujica, el Movimiento de Participación Popular, anunció el mismo viernes que le haría un juicio político a los ministros de la SCJ. Este sábado, se conoció que fue reforzada la seguridad de los ministros de la Corte, tanto en sus casas como en el lugar de trabajo, según informó El Espectador.

Las críticas desde la izquierda fueron muy duras hacia los magistrados, pero con el paso de las horas encontraron matices en la interna frenteamplista. La diputada de Asamblea Uruguay Daniela Payseé, por ejemplo, aseguró este sábado a través de su cuenta en la red social Twitter que no comparte el fallo de la Justicia pero lo acata. “Eso no impide que siga reivindicando y trabajando sin vacilaciones por verdad y justicia”, escribió.

En las cárceles adonde purgan su condena militares por delitos cometidos en dictadura también hubo reacciones. El coronel retirado Jorge “Pajarito” Silveira, que cumple su pena en la cárcel Domingo Arena junto a los demás militares procesados por delitos cometidos en la dictadura, se refirió a la sentencia de la SCJ. La ley impugnada “no tiene ni pies ni cabeza”, dijo a Reuters el coronel procesado por la desaparición forzosa de personas en los vuelos clandestinos. “Me alegro (por la sentencia) porque iba a venir una cantidad de personas detenidas y ya estamos pagando nosotros por todo, que queden contentos. No hay problema”, agregó.

José Bonilla: implicados podrían hablar. “Es una buena situación para el que algo sabe, que alivie su consciencia y, si así lo quiere, se vaya aportando algo a lo que todos nos debemos”, dijo sábado a El Observador el general del aire (r) José Bonilla. El militar, que estando al frente del Estado Mayor de la Defensa (Esmade) trabajó para que sus camaradas involucrados en hechos delictivos de la dictadura proporcionen datos que colaboren con aclarar muertes y desapariciones, explicó que quienes tienen información se veían limitados por posibles procesamientos. Ahora, al declarar la Corte inconstitucional la ley interpretativa de la caducidad, y con ello cerrada la posibilidad a nuevos procesamientos, se podría abrir un espacio para que, sin el temor de ir presos, militares aporten datos sobre el paradero de víctimas desaparecidas. “Las Fuerzas Armadas quieren acercarse, terminar con todo y mirar hacia delante. Quieren mostrar la verdad”, dijo Bonilla. “Dolor habrá, lamentablemente, tanto para un lado como para el otro. El pasar de los años va a mitigar todo. Hasta ahora no se ha encontrado la verdad y han pasado unos cuantos años”, concluyó el general.