La Corte Internacional de Justicia hará conocer este lunes su decisión sobre la demanda interpuesta por Bolivia hace cinco años, en la que demanda que Chile se siente a negociar una salida soberana al mar, en cumplimiento de los compromisos que asumió durante la historia.

La Paz. El fallo que dictamine este lunes la Corte Internacional de Justicia (CIJ) activará un punto de inflexión, una nueva era en las relaciones entre Bolivia y Chile, que seguirán marcadas por el reclamo de una salida soberana al océano Pacífico.

En el juicio que La Paz presentó, en abril de 2013, ante el tribunal de La Haya hizo tres pedidos puntuales; primero, que la Corte “resuelva y declare” que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia para llegar a un acuerdo que le otorgue a nuestro país un acceso soberano al mar.

Además, que concluya que ese país “ha incumplido dicha obligación”; y, en tercer lugar, que debe cumplir dicha obligación “de buena fe, pronta, formalmente, dentro de un tiempo razonable y efectivamente”, para otorgar a Bolivia un acceso soberano al océano Pacífico.

Si bien el juicio concluirá con el fallo que se dictará este lunes, Bolivia y Chile están en puertas de iniciar una nueva era en las relaciones bilaterales, en función del dictamen judicial, ya sea adverso o favorable para el país.

“El fallo marcará un nuevo tiempo en nuestras relaciones diplomáticas, en nuestras relaciones de vecinos. Esto abre un nuevo escenario, indistintamente sea el resultado de esa decisión. Se trata de un nuevo tiempo que ambos países deben enfrentar”, dijo a La Razón el agente boliviano, Eduardo Rodríguez Veltzé.

Bolivia activó la estrategia post La Haya con el fin de evaluar los escenarios que se deberán configurar tras el dictamen. En ese marco es que las primeras “jugadas” que realizó el Gobierno fue poner a Diego Pary en la Cancillería, en lugar de Fernando Huanacuni. Además, designó al expresidente del Senado, José Alberto Gonzales, como embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), entidad que pidió en 11 oportunidades, entre 1979 y 1989, que Bolivia y Chile resuelvan la controversia marítima.

La pasada semana, Pary afirmó que en su momento habrá que reconfigurar el equipo que encarará la estrategia y el análisis técnico-político tras el fallo; además, manifestó que el país está dispuesto a avanzar en un “diálogo positivo”, con el “acompañamiento internacional”, para lograr acuerdos y consensos con Chile.

Días previos al dictamen de la Corte, políticos y autoridades de Chile se reunieron para analizar los posibles escenarios y manifestaron que hay tranquilidad en su país, debido a que su soberanía territorial está garantizada por el Tratado de 1904, que definió los límites entre ambas naciones.

No obstante, difundieron spots con el fin de tergiversar el espíritu de la demanda. Chile se dedicó a hacer creer que si la CIJ no obliga a ese país a ceder territorio, el fallo será adverso para Bolivia.

El senador chileno por Valparaíso, Kenneth Pugh, anticipó que su país cumplirá el fallo de la Corte y que tras el juicio, “vamos a seguir conversando, buscando cómo desarrollarnos porque vamos a estar juntos siempre”.