Ex presidente no aclaró ante la justicia los presuntos actos de corrupción atribuidos a su primer gobierno, debido a la prescripción de los delitos que se le imputaban.

Lima. La decisión del Poder Judicial de anular lo actuado por la "megacomisión" que investigó la presunta corrupción del segundo gobierno aprista, pone al ex presidente Alan García en un “entredicho” similar al de la prescripción, explica este martes el ex procurador anticorrupción José Ugaz.

Como es conocido, el ex presidente García no aclaró ante la justicia los presuntos actos de corrupción atribuidos a su primer gobierno, debido a la prescripción de los delitos que se le imputaban.

Ugaz explicó que el reciente fallo del PJ sobre la "megacomisión" no absuelve a García Pérez de su supuesta vinculación con presuntos actos ilícitos de su segundo gobierno, sino que, simplemente, “y con un argumento basado en un tecnicismo”, termina anulando el trabajo parlamentario.

Comentó que “no parece razonable” el argumento del fallo judicial, que señala que no se especificó el “título de imputación” por el cual iba a ser investigado García, planteamiento que motivó la nulidad de todo lo actuado por el grupo investigador del congreso.

En ese sentido, consideró que el Poder Judicial debió desestimar la demanda y dejar que el caso siguiera su curso en las instancias correspondientes.

En su criterio, bastaba que, en el marco de las indagaciones de la "megacomisión", García supiera que se efectuaban pesquisas sobre el caso de los colegios emblemáticos, los "narcoindultos" y otros, para desplegar su defensa y efectuar sus descargos.

Para el ex abogado del Estado, asimismo, García debió mantener su habitual discurso en el que expresaba su plena voluntad de someterse a cualquier investigación, alegando que no tiene nada que ocultar, y dejar que las comisiones del Congreso y el Ministerio Público hicieran su labor.

Refirió que, si bien el trabajo de la "megacomisión" ya está hecho, no es bueno para el Poder Judicial que, una vez más, se vea inmerso en un “entredicho”, sobre todo porque –aseguró– este poder del Estado ha sido señalado históricamente por tener “una proclividad hacia el Apra”.

Asimismo, Ugaz dejó en claro que los jueces tienen la facultad de “hacer control judicial” de los actos de otros poderes del Estado, de tal manera que –según su opinión– con la sentencia no se incurre en interferencia de poderes.

“Hablamos de una comisión que hace una investigación preliminar, básicamente de recojo de evidencias. Ellos no hacen un juicio, ni siquiera tienen la facultad de generar una acusación constitucional, porque eso corresponde a otra instancia del Congreso”, puntualizó.