"Queremos que sigan luchando, allá pueden lograr cosas mejores", dijo Yolanda Varona por teléfono a Reuters, quien fue deportada a México y separada de sus hijos en el 2010.

Ciudad de México. Yolanda Varona, fundadora del programa "Dreamers Mom's" en la mexicana ciudad de Tijuana, espera que sus hijos y otros miles de jóvenes "no tiren la toalla" y sigan luchando en Estados Unidos pese a haber perdido la protección de un plan que los protegía de la deportación.

El presidente estadounidense, Donald Trump, eliminó el martes del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que daba estatus legal a casi 800.000 jóvenes, la mayoría mexicanos, y puso un plazo de seis meses al Congreso para que elabore una nueva legislación.

"Queremos que sigan luchando, allá pueden lograr cosas mejores", dijo Varona por teléfono a Reuters, quien fue deportada a México y separada de sus hijos en el 2010.

Varona, cuya organización brinda asesoría legal en la ciudad fronteriza de Tijuana a unas 80 madres con hijos que eran beneficiados por el DACA, aseguró que con estas medidas los jóvenes volverán a "vivir en la oscuridad".

"Es difícil que regresen a México porque con el tiempo han perdido lazos familiares e incluso muchos de ellos no hablan español", sostuvo.

Volver no es una opción. Iliana Flores, una "dreamer" de 28 años madre de dos niñas con ciudadanía estadounidense, aseguró que su familia no abandonará Estados Unidos, donde confía en que sus hijos tendrán un futuro mejor.

"En mis planes no está salir (...) Vamos a pelear. No nos pueden deportar", dijo entre sollozos a Reuters la joven ama de casa quien se encuentra desempleada. "Tengo dos hijos ciudadanos americanos y en México no tendrían un futuro igual. Yo no lo tuve", agregó.

La decisión deja en el limbo las vidas de muchos jóvenes mexicanos y centroamericanos, quienes se criaron en Estados Unidos y ahora estudian o trabajan en ese país. Apenas conocen sus países de origen y les aterra la idea de volver a una región azotada por el crimen y la violencia.

"Sí, me parece violento. Yo no sé mucho de Guatemala por qué no estado ahí todo mi vida. Pero es un mundo muy diferente", dijo por teléfono Kimberly Juárez, una guatemalteca de 20 años que reside desde los siete años en Nueva Jersey, donde sus padres llegaron como inmigrantes ilegales.

Sus hermanos tienen la ciudadanía estadounidense, pero ella no, por lo que aplicó al programa DACA y luego obtuvo una beca para estudiar Biología en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, donde podrá continuar estudiando pese a la medida.

"Mi mamá y papá son bien católicos y dicen que hay que orar y tener fe, pero no sé. Me siento enojada, (con) cólera y ganas de llorar", agregó la estudiante, quien perderá por la medida acceso al seguro médico y la posibilidad de tener una licencia de conducir.

Gobiernos se oponen a la medida. México y los gobierno centroamericanos lamentaron la decisión, que genera un período de seis meses de incertidumbre mientras el Congreso de Estados Unidos decida si legisla para proteger a los beneficiarios del DACA.

"Nos hubiera gustado primero que hubiera una legislación, que se diera protección a los muchachos (...) antes de concluir con este programa, porque esto genera ansiedad, angustia y temor", dijo a la prensa Carlos Sada, subsecretario mexicano para América del Norte.

Se estima que unos 625.000 jóvenes mexicanos estarían bajo el programa DACA, así como unos 80.000 guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, según cifras oficiales. Los gobiernos de la región han asegurado que presionarán por una solución para los estos jóvenes migrantes.

"Vamos a dirigir todas nuestras energías para trabajar con el Congreso de los Estados Unidos en una salida", dijo a la prensa el canciller salvadoreño, Hugo Martínez.

Cada año, miles de familias de México y Centroamérica arriesgan su vida para ingresar ilegalmente a Estados Unidos huyendo de la violencia y la pobreza, pero a menudo quedan a merced de traficantes de personas que a veces los asaltan, secuestran, extorsionan y abusan de ellos.

"Aquí estamos viviendo una situación de extrema de violencia en nuestros barrios por las pandillas y el narcotráfico", dijo la directora del Centro de Atención al Migrante de Honduras, Valdette Willeman. "Su vida va ser mucho más difícil y de un enorme riesgo", concluyó.