"La delegación de Paz de las FARC-EP quiere honrar sus compromisos y especialmente el acordado oralmente sobre las presentes conversaciones de paz en un plazo máximo de seis meses", dijo el guerrillero Carlos Antonio Lozada.
La Habana. La guerrilla de las FARC advirtió el sábado que podría incumplir el plazo máximo de seis meses para firmar un pacto que termine con el conflicto interno en Colombia, si el Gobierno de ese país comienza a cuestionar el acuerdo alcanzado sobre justicia, uno de los temas más complejos hasta ahora en la negociación de paz.
A casi tres años de que se iniciaran los diálogos de paz, el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se comprometieron a lograr un pacto definitivo a más tardar en seis meses, tras firmar la semana pasada el acuerdo denominado "Jurisdicción Especial para la Paz".
"La delegación de Paz de las FARC-EP quiere honrar sus compromisos y especialmente el acordado oralmente sobre las presentes conversaciones de paz en un plazo máximo de seis meses", dijo el guerrillero Carlos Antonio Lozada.
"Dicho propósito no será viable si el Gobierno comienza a cuestionar los acuerdos ya firmados y nos hace retroceder en lo avanzado", añadió.
En un comunicado previo a una nueva sesión en la mesa de conversaciones, Lozada manifestó la "perplejidad" de las FARC ante la posición del Gobierno colombiano, que sostiene que se trata de un "acuerdo firme", aunque es un documento en desarrollo, cuya redacción sugiere "cierto grado de ambigüedad que debe ser precisado" por el grupo jurídico.
Una vez que se concrete la firma del acuerdo final prevista para el 23 de marzo de 2016, las FARC dejarían las armas a más tardar 60 días después.
El texto completo sobre justicia incluye 18 páginas, con 75 puntos, y sólo se han divulgado dos. El grupo rebelde llamó el viernes a que se publique a la brevedad y en su totalidad el documento.
Ambas partes pactaron crear un tribunal especial que impondrá sanciones de entre cinco y ocho años a los miembros de la insurgencia y a militares responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que confiesen su culpabilidad.
