El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) acordaron la semana pasada en Cuba crear un tribunal que impondrá sanciones de entre cinco y ocho años a los miembros de la insurgencia.

El acuerdo sobre justicia que firmaron las FARC y el Gobierno de Colombia no contempla reclusión para quienes confiesen la verdad ni requiere precisiones o desarrollos porque está cerrado, dijo el martes el grupo rebelde, en una declaración que dejó en evidencia profundas contradicciones entre las partes.

El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) acordaron la semana pasada en Cuba crear un tribunal que impondrá sanciones de entre cinco y ocho años a los miembros de la insurgencia y a militares responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra que confiesen su responsabilidad.

Según el Gobierno, el acuerdo que permitió superar el tema más difícil de la negociación -que busca acabar con un conflicto que ha dejado más de 220.000 muertos- establece que los responsables de asesinatos, masacres, secuestros, tortura, desaparición forzada y violencia sexual deberán ser sancionados y someterse a restricción de la libertad en un sitio específico, austero y vigilado.

"En el acuerdo no se habla de concentración de tropas de las FARC-EP ni de lugares de confinamiento para quienes brinden verdad plena y exhaustiva", dijo el grupo rebelde en un comunicado.

"El acuerdo (...) está cerrado. No es cierto que con respecto a su contenido sustantivo y procedimental haya temas que requieran precisión adicional o un desarrollo que implique aclarar lo que no necesita aclaración alguna", agregó.

La reacción de la guerrilla se produjo después de que el jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, dijo el lunes que el acuerdo sobre justicia está en desarrollo y que aún faltan aspectos por determinar y concluir, así como decisiones por adoptar.

De la Calle aseguró que la participación activa en política de jefes de la guerrilla que se sometan al tribunal y sean sancionados no está definida aún.

De acuerdo con expertos, en el documento firmado tampoco está claro si los guerrilleros quedarán a salvo de la extradición a Estados Unidos, en donde enfrentan procesos por narcotráfico o secuestros, o si recibirán amnistía por narcotráfico.

Con el cierre del tema de justicia, el Gobierno y las FARC se comprometieron a firmar a más tardar en seis meses un acuerdo para acabar con el violento conflicto armado.