En un proceso inéditamente rápido de dos días que concluirá este mismo viernes, el juicio busca determinar si el mandatario incumplió sus funciones al permitir una mayor conflictividad social en el país, que tocó su punto máximo el viernes 15 cuando un choque entre campesinos y policías dejó 17 muertos.

Asunción. La suerte del presidente paraguayo, Fernando Lugo, se definiría el viernes en un juicio político impulsado por aliados y opositores que buscan destituirlo, mientras su equipo legal intenta demorar el proceso y los cancilleres vecinos bregan por una solución negociada.

En un proceso inéditamente rápido de dos días que concluirá este mismo viernes, el juicio busca determinar si el mandatario incumplió sus funciones al permitir una mayor conflictividad social en el país, que tocó su punto máximo el viernes 15 de junio cuando un choque entre campesinos y policías dejó 17 muertos.

Después de perder el respaldo político por el manejo de la crisis incluso dentro de su propio gabinete, Lugo dijo que se defendería en el Senado, donde tampoco cuenta con el apoyo necesario para evitar su salida.

"Me están haciendo un golpe de Estado express porque lo han hecho entre noche y madrugada, se han puesto de acuerdo, nosotros decimos que es incluso anticonstitucional porque no se respeta el debido proceso", denunció Lugo, de 61 años, en entrevista con la cadena de televisión Telesur.

"Mañana ojalá que reine la racionalidad en los parlamentarios y que el presidente Lugo realmente pueda salir airoso de este juicio político injusto que es sometido hoy por el Congreso Nacional", dijo el jueves por la noche.

Los legisladores dicen que Lugo, a quien le falta poco más de un año para terminar su mandato, no reaccionó como debía ante la masacre de la semana pasada en el libelo oficial del juicio.

Pero también lo acusan de temas menos rotundos durante su gobierno como haber apoyado un mitín de jóvenes socialistas en un predio de las Fuerzas Armadas o no haberse mostrado decisivo en combatir al pequeño grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo, responsable de asesinatos y secuestros durante la última década, la mayor parte de ellos antes de que asumiera.

Pocas esperanzas. Los abogados de Lugo planean presentar el viernes un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema. Si el tribunal acepta su ingreso, podría demorarse el proceso de juicio político.

"Si conceden la medida cautelar sí (se podría extender el procedimiento del juicio), es la idea", dijo a Reuters Emilio Camacho, asesor jurídico de la Presidencia.

Los legisladores, que quieren acelerar el proceso por temores a que las protestas populares no los dejen concluir el procedimiento, citaron a Lugo el viernes al mediodía para que se defienda de los cargos durante dos horas.

El cuerpo legislativo planea tener una sentencia lista por la tarde.

Con los tiempos en contra, los vecinos sudamericanos podrían ser otra esperanza para Lugo.

Cancilleres de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela volaron a Asunción y se reunieron el jueves por la noche con el presidente. Los funcionarios se iban a encontrar con los legisladores dos horas antes de que comience el juicio el viernes.

"Las reuniones no se limitan con el presidente Lugo sino también con los partidos políticos en el parlamento, a fin de ver si puede haber una salida menos cruenta que la que se ha planteado", dijo Ali Rodríguez, secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Pero el presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que los países del bloque podrían recurrir a la llamada "cláusula democrática" de la agrupación que permite desconocer a un Gobierno que ha quebrado el orden institucional.

"Lo que podemos hacer es no reconocer al nuevo gobierno, incluso llegar al cierre de fronteras, lo establece la cláusula interna del Unasur", dijo Correa el viernes en rueda de prensa.

Paraguay, uno de los mayores productores mundiales de soja, tiene una larga historia de crisis políticas.

El último juicio político a un mandatario fue en 1999 cuando Raúl Cubas fue acusado de mal desempeño tras el asesinato del vicepresidente Luis Argaña y la muerte de siete jóvenes manifestantes. Cubas renunció antes de que el juicio concluyera.