La base recuperada por las tropas, que lanzaron gases lacrimógenos, está ubicada en una zona montañosa cerca al municipio de Toribío, en el departamento del Cauca.

Bogotá. Tropas del Ejército y de la Policía recuperaron el miércoles una base militar en una conflictiva zona del sur de Colombia que había sido tomada por indígenas en demanda de una desmilitarización del área, donde las fuerzas oficiales combaten a diario con la guerrilla.

El incidente se produjo una semana después de que el presidente Juan Manuel Santos rechazó el pedido de grupos indígenas de desmilitarizar territorios que son estratégicos para la producción y el tráfico de cocaína, principal fuente de financiación de los rebeldes que el gobierno combate en un conflicto interno de casi cinco décadas.

La base recuperada por las tropas, que lanzaron gases lacrimógenos, está ubicada en una zona montañosa cerca al municipio de Toribío, en el departamento del Cauca, donde la semana pasada se estrelló un avión Súper Tucano que participaba en operaciones contra los rebeldes.

La operación provocó un enfrentamiento entre los indígenas y los efectivos del Ejército y de la Policía que dejó al menos 26 personas lesionadas, lo que aumenta la tensión en la región en donde a diario se producen fuertes combates entre las tropas gubernamentales y rebeldes de las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"Para la retoma de esta posición que tenía nuestro Ejército, el grupo nuestro ingresó y retomó el lugar utilizando los medios que nos autoriza la ley", dijo a periodistas el comandante regional de la policía, general Jorge Nieto.

Los indígenas de la zona exigen el retiro de las Fuerzas Militares de sus territorios ancestrales y también pidieron a la guerrilla abandonar la zona.

La situación dejó planteada una división entre las comunidades indígenas, la mayoría de Nasa, debido a que mientras algunos exigen el retiro de las Fuerzas Armadas, otros piden que permanezcan para evitar ser víctimas de los atropellos de la guerrilla.

Los indígenas han sido acusados de favorecer a las FARC o de actuar presionados por los rebeldes, pero lo han negado.

El propio Santos reveló una comunicación interceptada a un prófugo líder de las FARC en la que plantea la estrategia de que los indígenas exijan la salida de las tropas.

"Se van a judicializar una serie de miembros de los grupos de apoyo de la guerrilla, dentro de los cuales hay miembros de las comunidades indígenas", dijo el mandatario al cierre de un consejo de seguridad en la ciudad de Popayán, la capital de Cauca.

OTRO INCIDENTE AUMENTA TENSION

Los aborígenes reportaron el arresto de cuatro guerrilleros uniformados y con explosivos que al parecer preparaban ataques contra la población de Toribío.

En otro incidente cerca del municipio de Caldonó, también en el Cauca, indígenas denunciaron la muerte con disparos de un integrante de su comunidad en un retén del Ejército.

El líder de la zona, Ever Aranda, dijo que la comunidad detuvo a 30 militares y que buscará someterlos a un juicio bajo sus leyes.

El martes, indígenas armados con garrotes y machetes sacaron por la fuerza de sus trincheras a los militares, quienes no usaron de sus armas para evitar que la situación.

La toma provocó una enérgica condena de Santos quien reiteró que no retirará las tropas de la región, aunque está dispuesto al diálogo con los indígenas.

"Estamos dispuestos al diálogo, este es un Gobierno que le abre las puertas al diálogo, queremos concertar las soluciones, pero quiero reiterar nosotros no podemos ceder un centímetro de nuestro territorio", dijo el mandatario.

"La presencia de la Fuerza Pública no es negociable en ninguna parte del territorio y cualquier diálogo no puede depender de que ese tema este sobre la mesa, porque ese tema no es negociable", advirtió Santos.

El departamento del Cauca, denominado por algunos oficiales de las Fuerzas Armadas como Caucakistán por la intensidad de los combates, es una de las regiones en donde las FARC mantienen una alta presencia y resisten la ofensiva militar en su contra.

La cuarta economía latinoamericana ha luchado contra la guerrilla por casi cinco décadas, y pese a que una ofensiva militar respaldada por Estados Unidos la obligó a replegarse a apartadas zonas montañosas y selváticas, los rebeldes incrementaron los ataques en los últimos meses, incluido el sector petrolero.

El deterioro de la seguridad, que había permitido recibir un aumento de la inversión extranjera principalmente a los sectores de petróleo y minería, podría ser un obstáculo para la eventual aspiración de Santos a ser reelegido en el 2014, según analistas.