Según un informe revelado por El Heraldo, la vulnerabilidad de la seguridad del Presidente de la República es tan precaria que el primer ciudadano del país es objeto de espionaje cibernético y telefónico.
El secretario de Defensa, Marlon Pascua Cerrato, declaró este lunes que los organismos de inteligencia militar guardan un expediente completo del entorno presidencial. Según el funcionario, temas como el espionaje cibernético y las escuchas telefónicas son debidamente controlados por la Guardia Presidencial que está a cargo de la seguridad del gobernante.
Pascua Cerrato no quiso profundizar si han identificado responsables de estos actos.
Sin embargo, adelantó que en los próximos días se dará a conocer un informe con detalles de esta situación, al tiempo que informarán acerca de las nuevas medidas de seguridad que serán aplicadas en la Casa de Gobierno.
Según un informe revelado por El Heraldo, la vulnerabilidad de la seguridad del Presidente de la República es tan precaria que el primer ciudadano del país es objeto de espionaje cibernético y telefónico.
Respecto a esto, el secretario de Defensa fue cuestionado sobre si las fallas son responsabilidad de la Guardia de Honor Presidencial, a lo que el funcionario respondió que esta unidad de las Fuerzas Armadas de Honduras ha venido haciendo todo un trabajo científico para mejorar la seguridad del Presidente.
El fácil acceso a las redes de comunicación en la sede del Ejecutivo pudo haber permitido que "hackers" tuvieran acceso a informes, correos electrónicos y planes estratégicos existentes en la computadora del Presidente.
Esto fue posible en virtud de que el sistema de cómputo presidencial ni siquiera ha sido encriptado o codificado para que los ciberpiratas no tuvieran acceso al mismo. De acuerdo a la investigación de El Heraldo, no solo la información pudo haber sido sustraída de forma virtual, sino que también los funcionarios de gobierno pueden haber sido víctimas de espionaje telefónico.
De hecho, los servicios de inteligencia militar han detectado al menos tres centros en los que se interceptan llamadas.
Esta práctica, que hoy atenta contra la seguridad del Estado, también ha sido ejecutada desde el Estado mismo. Actualmente, se informa que hay al menos tres instituciones de Estado desde donde se realizan escuchas telefónicas.
No obstante, para el diputado liberal José Azcona, las fallas corresponderían en todo caso a los proveedores de servicios de Internet y de telefonía en la Casa Presidencial, en cuanto a la seguridad de las comunicaciones.
Azcona indicó que no se trata de la seguridad física del Presidente, sino de la seguridad del Estado. Subrayó que el Estado paga millonarias cifras a proveedores de Internet y telefonía y estos, al parecer, no están ofreciendo el servicio que requieren instituciones como el Despacho Presidencial, la Secretaría de Finanzas y la misma Secretaría de Seguridad.
En ese sentido, indicó que la vulnerabilidad en las comunicaciones, en el caso de estas tres instituciones, pone en riesgo la seguridad del Estado. En consecuencia, el congresista recomendó que por ahí debería de empezar la corrección y que no solo se revise las políticas de seguridad de Casa Presidencial sino de todas las instituciones del estado de manera conjunta.
Para el diputado Ricardo Díaz, el tema de vulnerabilidad en las comunicaciones alrededor del Presidente no es nuevo.
Ya se ha presentado en el pasado, incluso, al mismo Internet se han subido conversaciones de expresidentes y de otros altos funcionarios del gobierno.
Años atrás, el expresidente Manuel Zelaya denunció ser víctima de espionaje telefónico. La denuncia se investigó y se descubrió que estas actividades ilegales se realizaron desde el propio Hondutel. Actualmente, todavía hay juicios vigentes contra altos exfuncionarios de esta empresa. Díaz manifestó que es el momento en que no solo se tomen medidas para el resguardo físico del Presidente y de sus familias, sino también se adopten medidas para darle seguridad a las comunicaciones de Casa Presidencial y de los otros poderes del Estado, como la Corte Suprema de Justicia y el mismo Congreso Nacional.
Lo que deja en evidencia la denuncia de EL HERALDO es que se tienen que tomar las medidas correspondientes no solo para garantizar la vida de la principal figura del gobierno, sino también garantizar que las políticas de Estado no sean boicoteadas debido a la filtración de informaciones.
Respecto a las medidas físicas de seguridad, El Heraldo ha informado que la Guardia de Honor planea hacer un cambio del sistema de intercomunicación por radio que posee la seguridad presidencial, para lo que instalará una serie de repetidoras en Tegucigalpa y San Pedro Sula. En la Casa de Gobierno serán instaladas 18 cámaras de alto alcance, lo que tendrá un costo de más de medio millón de lempiras.
En ese presupuesto está incluida la compra de los accesorios para la instalación y el sistema de cableado de las cámaras y el sistema de monitoreo. Sin embargo, a la fecha no se ha informado si dentro de los planes está cambiar todo el sistema informático y revisar los contratos con los proveedores de los servicios de Internet y de telefonía.
