La mayoría de trabajadores pertenecía a los sindicatos de educadores, aunque pocas decenas de empleados del Poder Judicial proseguían en huelga y su protesta no ha perjudicado los servicios del país.
San José.- Unos 30.000 trabajadores públicos de Costa Rica decidieron este viernes levantar la huelga que mantenían desde hace casi tres meses contra la reforma fiscal aupada por el Gobierno y que fue recientemente aprobada en el Congreso.
La gran mayoría de trabajadores en pie de lucha pertenecía a los sindicatos de educadores, aunque unas pocas decenas de empleados del Poder Judicial proseguían en huelga y su protesta no ha perjudicado los servicios del país centroamericano.
"La decisión es levantar el movimiento de huelga para replantear la estrategia de lucha contra esta nefasta ley (...) en contra del pueblo trabajador y de los sectores más vulnerables de la sociedad costarricense", dijo la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) en un comunicado.
El anuncio se suma a otros similares publicados en días recientes por otras dos organizaciones del gremio educativo, quienes aportaron la mayor cantidad de huelguistas.
Los educadores levantaron su huelga cuatro días después de la entrada en vigencia de la reforma fiscal que impulsó el gobierno del presidente Carlos Alvarado para enfrentar los desbalances financieros y que incluye el alza de los impuestos y límites al gasto público.
Los huelguistas, que protestaron desde el 10 de septiembre, aseguran que el proyecto fiscal golpea a las clases menos favorecidas.
La paralización provocó perjuicios millonarios en sus primeras semanas y trastornos en transportes y servicios de salud, pero numerosas agrupaciones volvieron a trabajar y dejaron la protesta en manos de los educadores, lo que impidió el cierre normal del año lectivo.
Las vacaciones del sector educativo empiezan el 14 de diciembre, pero los maestros sólo podían disfrutarlas con salario si antes deponían la huelga.
Este jueves, el sindicato más grande, la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), reconoció que "no es conveniente mantener esta acción colectiva por más tiempo" porque "todas las personas afiliadas se han sometido a fuertes presiones y merecen y necesitan un período de recuperación".
