Los fiscales brasileños están negociando acuerdos de delación compensada con el ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y el empresario Lucio Funaro, ambos cercanos a Michel Temer y sus aliados.

Río de Janeiro. El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, dijo que se están negociando acuerdos judiciales de delación compensada que ayudarían en las investigaciones que apuntan contra el presidente Michel Temer, según una entrevista publicada el lunes en el diario local Folha de S.Paulo.

Al ser consultado por las pesquisas sobre presunta asociación ilícita y obstrucción a la Justicia que involucran al mandatario, Janot manifestó: "Tenemos colaboraciones en marcha que podrían concretamente ayudarnos en una investigación y en la otra", citó el periódico.

Janot se negó a comentar sobre qué testigos puntuales brindarían testimonio.

Los fiscales brasileños están negociando acuerdos de delación compensada con el expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha y el empresario Lucio Funaro, ambos cercanos a Temer y sus aliados.

Janot y su equipo han estado trabajando para presentar al menos una nueva demanda contra Temer, según informó una fuente a Reuters la semana pasada, que aclaró que no estaba decidido aún si los cargos por corrupción y obstrucción a la Justicia se presentarían juntos.

Ante la pregunta sobre la posible declaración de una figura como Cunha, Janot dijo a Folha que uno de los criterios para un acuerdo de delación compensada es que el testigo debe incriminar a un funcionario de mayor jerarquía. Un portavoz del fiscal confirmó la veracidad de la entrevista transcrita en el diario.

Temer evitó la semana pasada ser enjuiciado ante la Corte Suprema luego de que la Cámara baja del Congreso rechazó cargos en su contra referidos a sobornos, pero Janot ha amenazado con presentar más acusaciones por corrupción que podrían poner a prueba a la fracturada coalición de gobierno del presidente.

El alicaído mandatario está impulsando una serie de reformas en las leyes laboral y de pensiones del país, en un esfuerzo por achicar el abrumador déficit presupuestario y poner en marcha la recuperación de la mayor economía de Latinoamérica. Nuevos cargos judiciales podrían complicar su agenda de reformas.