La Justicia Especial para la Paz, el tribunal encargado de investigar y sentenciar a responsables de crímenes ocurridos en el conflicto armado con las FARC, negó la extradición de Jesús Santrich argumentando que no se pudo determinar la fecha de los hechos imputados.

Bogotá. El fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, renunció este miércoles en protesta tras la decisión de un tribunal de paz que negó la extradición a Estados Unidos de un líder de la desmovilizada guerrilla de las FARC acusado de narcotráfico.

La Justicia Especial para la Paz (JEP), el tribunal encargado de investigar, juzgar y sentenciar a los responsables de los crímenes ocurridos en el conflicto armado de más de medio siglo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), negó la extradición de Jesús Santrich argumentando que no se pudo determinar la fecha exacta de los hechos imputados.

El mismo tribunal ordenó a la Fiscalía General la inmediata liberación de Santrich, quien permanece en una cárcel de Bogotá tras su captura en abril de 2018, por lo que no se pudo posesionar como congresista de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido político que surgió del acuerdo de paz con el desmovilizado grupo rebelde.

"Este desafío al orden jurídico no será refrendado por el suscrito. Mi conciencia y mi devoción por el Estado de derecho me lo impiden. Por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de fiscal general de la nación", dijo Martínez en una en una declaración a periodistas.

Martínez aseguró que las pruebas aportadas contra Santrich son concluyentes e inequívocas para establecer que los hechos de los que se acusa al antiguo negociador de la desmovilizada guerrilla fueron cometidos después del primero de diciembre de 2016.

El dimitente fiscal, elegido en junio de 2016 para un periodo de cuatro años, dijo que la decisión de la JEP frente al caso de Santrich destruye la cooperación judicial internacional y pone en duda obligaciones de Colombia ante la comunidad internacional.

Martínez aseguró que la decisión de la JEP abre la puerta para que los excombatientes de las FARC vuelvan a cometer delitos como narcotráfico y mantengan los privilegios de esa jurisdicción que contempla penas más benévolas a las de la justicia ordinaria.

Estados Unidos no emitió, de momento, comentarios al respecto. Tampoco el gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, quien deberá enviar una terna de candidatos a la Corte Suprema de Justicia para que elija a un nuevo fiscal.