Galo Chiriboga solicitó al presidente Rafael Correa los documentos con el propósito de “ampliar las investigaciones” dentro del proceso que lleva adelante la Fiscalía para determinar a los responsables de las cinco muertes en el enfrentamiento armado entre militares y policías el 30-S, en el Hospital de la Policía en Quito.
El fiscal general, Galo Chiriboga, solicitó este miércoles formalmente al presidente Rafael Correa, como máxima autoridad del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), y al ministro de Defensa, Javier Ponce, que desclasifiquen la información reservada sobre la sublevación policial y militar del 30 de septiembre del 2010 (30-S).
Chiriboga pidió los documentos con el propósito de “ampliar las investigaciones” dentro del proceso que lleva adelante la Fiscalía para determinar a los responsables de las cinco muertes en el enfrentamiento armado entre militares y policías el 30-S, en el Hospital de la Policía en Quito.
El día de la revuelta, por pedido del presidente Correa, personal de élite del Ejército realizó la Operación Rescate para sacar al mandatario del centro de salud, donde fue retenido por gendarmes en rechazo a la Ley de Servicio Público. En el enfrentamiento murieron dos militares, dos policías y un civil.
“El pedido se realizó en base a la facultad que le concede (a Chiriboga) la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código de Procedimiento Penal”, aclaró la Fiscalía en un comunicado.
El Cosepe es el organismo encargado de asesorar a Correa sobre la conveniencia de desclasificar la información reservada sobre la crisis del 30-S y lo relacionado con los informes militares y policiales sobre el enfrentamiento.
El Consejo está integrado por el presidente y vicepresidente de la República; los presidentes de la Asamblea Nacional, Corte Nacional de Justicia; los ministros de Coordinación de Seguridad, de Defensa, del Interior, de Relaciones Exteriores, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el comandante General de la Policía.
Militares y policías se acusan entre sí de disparar el 30-S durante la operación armada para sacar a Correa del Hospital de la Policía.
La semana pasada, el jefe del Comando Conjunto, Ernesto González, mediante cadena nacional de televisión y remitidos de prensa deslindó responsabilidad alguna de las FF.AA. en las cinco muertes y sugirió responsabilidad a la Policía.
El comunicado oficial fue cuestionado por el asambleísta César Montúfar (Concertación Nacional), que denunció “contradicciones y dudas” en las declaraciones de González respecto a la Operación Rescate.
El legislador pidió al jefe militar que informe la razón por la que no se agotaron las normas, procedimientos y protocolos de derecho internacional humanitario, sobre protección a pacientes y personal médico en casos incursiones armadas a hospitales civiles.
También la nómina de los miembros de las Fuerzas Armadas que intervinieron en la operación, tipo de armamento, munición, análisis balístico del auto en el que fue transportado Correa del hospital.
Además, la nómina de los muertos y heridos, informe balístico de los proyectiles que ocasionaron las muertes o heridas a los miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en el operativo.
En el Comando Conjunto se informó que se realizará un análisis jurídico-militar para responder a Montúfar. Fuentes militares anticiparon que no todas las inquietudes serán absueltas porque el proceso está judicializado y la información es reservada.
