La participación de los fiscales en los litigios medioambientales de interés público no sólo es considerada un freno para los contaminadores, sino también una supervisión judicial sobre el abuso del poder o los hechos delictivos.
Beijing. La Fiscalía Popular Suprema (FPS) estudiará cómo incluir a los fiscales en los litigios medioambientales de interés público, indicó este jueves el fiscal general de la FPS, Cao Jianming.
En el informe de trabajo de la FPS que presentó ante la Asamblea Popular Nacional (APN, la máxima legislatura china), en su actual sesión anual, Cao destacó un caso en la provincia oriental china de Jiangsu. En concreto, los fiscales ayudaron a una organización medioambiental de la ciudad de Taizhou a presentar un pleito de interés público contra seis empresas químicas, cuyos servicios de tratamiento de agua residual no calificados provocaron la contaminación grave de un río local. El tribunal apoyó al demandante y ordenó una compensación de 160 millones de yuanes (US$26 millones) por la contaminación.
La Ley de Protección medioambiental, revisada en abril, permite a las organizaciones medioambientales presentar litigios de interés público como demandantes.
En enero, el Tribunal Popular Supremo (TPS) lanzó una interpretación en la que se estipula que las organizaciones no gubernamentales pueden presentar litigios contra infractores medioambientales.
La participación de los fiscales en los litigios medioambientales de interés público no sólo es considerada un freno para los contaminadores, sino también una supervisión judicial sobre el abuso del poder o los hechos delictivos.
Los tribunales de todo el país también han tomado medidas cada vez más duras contra los contaminadores, ya que el número de casos criminales de contaminadores se multiplicó por 8,5 veces en 2014, de acuerdo con el informe de trabajo del TPS, también presentado ante la legislatura nacional para su revisión.
Los casos civiles relacionados con el daño provocado por la contaminación se incrementaron 51% interanual.
Unas 25.800 personas fueron acusadas de crímenes como el de perjudicar el medio ambiente, la explotación forestal ilegal y la labranza ilegal en las praderas en 2014, un crecimiento interanual del 23%.
