Los hechos se desarrollaron entre el 3 y el 4 de diciembre pasados, en medio del acuartelamiento y huelga que realizó la policía provincial.

Dos fiscales de Instrucción de la ciudad de Córdoba dictaron 35 prisiones preventivas contra imputados por los robos y saqueos que se produjeron durante el acuartelamiento y huelga que realizó la policía provincial: mientras que el fiscal Raúl Garzón dispuso la medida contra diez personas, su par José Mana hizo lo propio respecto de otros 25 imputados.

En tanto, las fiscales Adriana Abad y Jorgelina Gutiez, que también investigan los hechos ocurridos junto a Garzón y a Mana, tienen que resolver la situación de 75 y 30 personas, respectivamente.

Al dictar las prisiones preventivas, Mana aseguró que los imputados "se apoderaron de las calles con claros fines ilícitos, generando una gran perturbación pública donde personas y bienes se encontraban en un estado de total indefensión merced a la carencia del personal policial".

El fiscal consideró "particularmente grave" lo sucedido, porque se perjudicó "la tranquilidad social y la sensación de sosiego de las personas, nacida de la confianza de que pueden vivir en una atmósfera de paz social, por lo que los actos de vandalismos indiscriminados en ese contexto produjeron una alarma colectiva que afectó gravemente la regular convivencia".

Días atrás, respecto de las imputaciones adoptadas, el fiscal Garzón había manifestado a la prensa: "como principales razones tuve en cuenta que se trató de un obrar inusual y sumamente grave. Se trata de conductas no sólo reprochables desde lo técnico penal, sino que se desplegaron ante los ojos de todos, en una noche en la que faltó la seguridad que debe brindar el Estado".

Las particulares circunstancias en que se produjeron estos "robos calificados", según el funcionario judicial, hicieron que "se contribuyera a desatar la sensación de una suerte de guerra de todos contra todos, algo que sale del obrar delictivo común".

Garzón tuvo en cuenta en el momento de imputar o de disponer preventivas el hecho de que "muchos (de los acusados) no contaban con antecedentes y tenían ocupaciones, y hasta estudios universitarios en algunos casos, lo que merece un reproche especial, porque revela que eran personas insertadas socialmente".

De acuerdo con el fiscal, la decena de imputados que, en su caso, se encuentra con prisión preventiva, "algunas ya confirmadas por jueces de Control", pertenecen a "los casos más graves" de los 80 que se están investigando.

Los fiscales avanzan con el relevamiento de material fílmico y el análisis de información volcada en las redes sociales durante las 48 horas caóticas de la capital mediterránea cuando, en medio de la huelga policial, se volcaron en las redes imágenes, consignas de incitación al delito y confesiones.

La investigación tuvo un comienzo contundente con la detención inmediata de cerca de 200 personas, muchas de las cuales obtuvieron luego la excarcelación mientras prosiguen imputadas por los delitos de “robo calamitoso”, “encubrimiento agravado”, “agresiones” y “daños calificados”.

Garzón reveló que aún no hay ningún miembro de la policía cordobesa detenido, pero advirtió que la causa avanza en conocer los vínculos familiares y profesionales de las personas imputadas con efectivos de la fuerza de seguridad.

Si bien hasta el momento no hay policías acusados, fuentes judiciales confirmaron que los cuatro fiscales, mediante una nota, pidieron al jefe de la Policía, Julio César Suárez, la nómina del personal que sí cumplió servicios entre el 3 y el 4 de diciembre, para ahondar en la investigación y posible conexión entre los ya imputados con los efectivos que sí intervinieron en la huelga.

La saqueos, según el fiscal, se centraron en productos “de segunda y tercera necesidad” y, en ningún caso, se detectaron alimentos u otros de primera necesidad, por lo que “las penas podrían ser superiores a los tres años de prisión, y por ende de cumplimiento efectivo”.