La decisión pondría en entredicho el acuerdo de colaboración efectiva que Odebrecht firmó con las fiscales en noviembre del año pasado, porque supondría que le ocultaron a Panamá información sobre el alcance de la red de corrupción.

Ciudad de Panamá. Las tres fiscales anticorrupción de Panamá aseguran a los periodistas que no renuncian a investigar “a fondo” todo lo relacionado a la red de corrupción que la constructora Odebrecht tejió en Panamá, en los tres últimos gobiernos y apelarán ante la Corte Suprema de Justicia una decisión de un tribunal que les bloquea avanzar.

Las fiscales Zuleika Moore, Ruth Morcillo y Tania Sterling dijeron que el tribunal que rechazó ampliar el plazo de investigación está actuando indebidamente, porque el caso oficialmente se realizó en 2017, y no hace cinco años atrás, por lo que si hay tiempo para poder ampliar la información recabada.

“Si tenemos que llegar a interponer un amparo de garantías constitucionales lo vamos a hacer”, advirtió Moore, quien, sin embargo, consideró que cuando el pleno de la Corte Suprema analice el recurso que van a interponer recurriendo la decisión de primera instancia “van a valorar la información y confiamos en que permitirán continuar la investigación”.

La fiscal Morcillo explicó que “no hemos tenido el tiempo para validar la verdad o no de lo último publicado por el Consorcio Internacional de Periodistas en abril pasado” por la acción del tribunal, información en la que se identifica las obras en las que durante el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019) también se cometieron actos de corrupción por parte de Odebrecht.

Esa información, de ser validada, pondrá en entredicho el acuerdo de colaboración efectiva que Odebrecht firmó con las fiscales en noviembre del año pasado, porque supondría que le ocultaron a Panamá información sobre el alcance de la red de corrupción.

Según Moore, la información que recibieron de Suiza en abril pasado, la autorización para usar los datos, les permite ratificar lo que desde el año pasado se sabía, “con nombres y números de cuentas”, de la implicación de funcionarios y particulares panameños desde 2007, durante el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009), el de Ricardo Martinelli (2009-2014) y Varela, que salió el pasado 30 de junio.

La fiscal dijo que “no puede ser posible que no podamos investigar lo último que reveló el Consorcio Internacional de Periodistas, sería Panamá  el único país que no hace nada al respecto y nosotras queremos llegar al fondo de este caso, que se sepa todos los que están implicados, de cualquier administración”.

De darse la situación extrema que la Corte Suprema no les permita continuar el expediente, a las fiscales les queda el recurso de abrir otra investigación, pero “cuidando el debido proceso para que no se nos acuse de doble investigación de un mismo delito”, pero “primero tenemos que agotar todos los recursos”, incluso no descartan acudir a la colaboración internacional para avanzar en la persecución del delito.

Moore precisó que una de las acciones “indebidas” del tribunal es que la negativa a ampliar la investigación debe ser firmada, por ley, por los tres jueces designados, pero el documento “solo tiene la firma de dos”.

Otra violación causada por el tribunal es impedir que se investigue a exfuncionarios o excandidatos que, pasado el periodo electoral, ya pueden ser indagados en un tribunal ordinario al perder la inmunidad electoral, y también “hay personas en el exterior que hay que traerlas para que den su declaración”, pero no lo pueden gestionar por estas “prácticas dilatorias” del juzgado.

Un total de 82 implicados, 235 empresas investigadas, 16 acuerdos de colaboración, 9 condenas con penas de 48 a 60 meses, 1.162 cuentas analizadas,  la recuperación de 37 millones de dólares, acuerdos para recuperar 266 millones de dólares, son algunos de los avances de la investigación en Panamá, con colaboración de las autoridades de España, Suiza, Andorra, Brasil, por lo que Moore reiteró que “vamos a seguir la lucha contra la impunidad, hasta la última persona, sea quien sea”.