La Procuraduría General del Estado informó que solicitó a la Fiscalía la imputación del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y otras ex autoridades departamentales por la irregular compra de vehículos con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

La Fiscalía de Santa Cruz imputó formalmente al gobernador Rubén Costas, ex autoridades y servidores públicos por la adquisición en 2007 de 40 camionetas doble cabina con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), afectando partidas del Programa de Seguridad Ciudadana y presupuestaria de equipo y tracción.

La denuncia fue presentada por la Contraloría Departamental de Santa Cruz el 2010 y la Procuraduría General del Estado solicitó, según un boletín de prensa institucional, a la Fiscalía formalizar la imputación  contra Rubén Costas, Roly Aguilera,  José Luis Parada, Miriam Cecilia Limpias y Fernando Soria Galvarro.

El fiscal de Materia Osvaldo Dante Tejerina presentó la Resolución de Imputación Formal FIS ANTI 010184  contra Costas, Aguilera y Parada  por los presuntos delitos de malversación, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Limpias es acusada por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, y Soria por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y falsedad ideológica.

Los recursos del IDH deben estar destinados específicamente a temas de desarrollo económico, desarrollo social, seguridad ciudadana y no la adquisición de vehículos, que para su compra deben ser incorporados en el presupuesto de cada entidad pública. El monto total de la compra de los motorizados fue de Bs 6.030.320 (cerca de US$900.000), establece el boletín institucional.

Los denunciados obviaron la licitación para la compra de los motorizados y utilizaron al PNUD para su adquisición a través de un programa, con lo que burlaron la norma vigente para los procesos de contratación. A la fecha y a pesar de haber transcurrido más de ocho años, aún  no se cuenta con el registro del Derecho propietario de las 40 camionetas a nombre de la gobernación.

Además, los vehículos fueron transferidos a otras unidades que no tienen relación con la atención de la seguridad ciudadana ni la atención de desastres.