La Fiscal General de Brasil, Raquel Dodge, envió un informe a la Corte Suprema en el que sugiere que el recurso que presentó la defensa de Lula para evitar su posible detención "debe ser negado".

Río de Janeiro. La Fiscalía brasileña se posicionó en contra de un posible "habeas corpus" preventivo concedido al expresidente del país Luiz Inácio Lula da Silva para evitar que vaya a prisión cuando agote todos los recursos en el tribunal de segunda instancia que lo condenó a finales de enero a doce años y un mes de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero.

La Fiscal General de Brasil, Raquel Dodge, envió un informe a la Corte Suprema en el que sugiere que el recurso que presentó la defensa de Lula para evitar su posible detención "debe ser negado", pues "la posibilidad de la ejecución de la pena" existe a partir del término de todas las apelaciones en segunda instancia, según publicó el diario O Globo.

La Procuradora general se basó en una decisión de la propia Corte Suprema de 2016 según la cual cualquier sentencia debe empezar a ser cumplida una vez se agoten los recursos posibles en segunda instancia.

Tras ser condenado en segunda instancia el pasado 24 de enero, la defensa de Lula presentó dos recursos de "habeas corpus" preventivos, uno ante el Tribunal Superior de Justicia (STJ) que fue negado y otro ante la Corte Suprema, que inicialmente lo negó pero que lo mandó al plenario de la Corte, que todavía debe analizarlo.

Para Dodge, "el segundo grado es la última instancia judicial en que las pruebas y los hechos son examinados. En el tribunal de apelación, el imputado tiene su última oportunidad de contestar las pruebas y los hechos que lo relacionan al delito" y aseguró que para condenar a alguien tras la segunda instancia, su culpabilidad debe estar probada, lo que engloba la comprobación del hecho y del vínculo que lo une al hecho", lo que considera que ocurrió con Lula.

La Fiscal también dijo que si la Corte Suprema revisa su decisión de condenar a Lula, esto representaría un "retroceso" para Brasil ya que un hipotético cambio "afectaría al sistema y a la confianza en la Justicia".

Lula fue condenado el año pasado por el juez federal Sergio Moro a nueve años y medio de prisión, por haber recibido supuestamente un apartamento de la constructora OAS en el litoral del estado de Sao Paulo, a cambio de favorecer la compañía en contratos con la estatal Petrobras.

La defensa del exmandatario recurrió la sentencia, pero el tribunal de segunda instancia aumentó el pasado 24 de enero por unanimidad la condena a 12 años y un mes de prisión, que Lula empezaría a cumplir una vez agote todos los recursos posibles ante el tribunal.

Lula lidera todos los sondeos de cara a las elecciones presidenciales brasileñas del próximo mes de octubre, aunque si finalmente entra a prisión, quedará inhabilitado de cualquier candidatura.