La recaptura de Seuxis Paucias Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich, que podría provocar cuestionamientos al acuerdo de paz, se produjo a la salida de la Cárcel de La Picota.
Bogotá.- Un líder de la desmovilizada guerrilla de las FARC fue capturado este viernes por la Fiscalía General cuando salía de una cárcel de Colombia debido a que aparecieron nuevas pruebas en su contra, dos días después de que un tribunal de paz ordenó su libertad y negó su extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
La recaptura de Seuxis Paucias Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich, que podría provocar cuestionamientos al acuerdo de paz, se produjo a la salida de la Cárcel de La Picota, en el sur de Bogotá, por decisión de un juez que tuvo en cuenta nuevas evidencias que presuntamente probarían la responsabilidad del exnegociador de la guerrilla en un plan para exportar 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos.
"Como producto de la cooperación judicial internacional, en las últimas horas se han incorporado nuevas evidencias y elementos de prueba que dan cuenta con claridad de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las presuntas conductas de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y narcotráfico atribuidas a Hernández Solarte", dijo la Fiscalía General en un comunicado.
La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido político que surgió de la otrora guerrilla tras el acuerdo de paz firmado en 2016 para acabar un conflicto de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos y millones de desplazados, protestó con la nueva captura de su militante e insistió en que se trata de "un montaje".
La fiscalía sostiene que el exdirigente de las FARC cometió los supuestos delitos de los que se le acusa después de diciembre de 2016, por lo que perdió los beneficios jurídicos del acuerdo de paz.
Hernández, quien participó en la negociación de paz en Cuba y fue líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no se pudo posesionar como congresista por su captura inicial en abril de 2018.
El exjefe guerrillero salió del penal en una silla de ruedas custodiado por guardias carcelarios, pero minutos después las autoridades le notificaron de la nueva orden de captura, lo devolvieron al interior de la prisión y en un helicóptero lo trasladaron a la sede de la Fiscalía General.
Implacable ante reincidencia. La decisión de negar la extradición adoptada por la Justicia Especial para la Paz (JEP), el tribunal encargado de investigar, juzgar y sentenciar a los responsables de los crímenes ocurridos en el conflicto armado de más de medio siglo con las FARC, provocó el miércoles la renuncia del fiscal general, Néstor Humberto Martínez.
El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo en una declaración que el Estado brindará todas las garantías a quienes abandonaron las armas y se mantienen en el proceso de reintegración a la sociedad, pero advirtió que "quienes reincidan en las actividades criminales deberán recibir todo el peso de la ley".
"Colombia no convivirá con el narcotráfico. La institucionalidad entera será implacable contra la reincidencia criminal", insistió el mandatario.
Duque prometió en la campaña hacer ajustes al acuerdo de paz y en marzo presentó ante el Congreso objeciones a la ley estatutaria de la JEP, pero la Cámara de Representantes las rechazó y el Senado también las negó con una votación estrecha y en medio de una polémica jurídica cuya legalidad en el trámite deberá definir la Corte Constitucional.
Colombia continúa dividida entre quienes apoyan la llegada a la política de las FARC después del acuerdo de paz y los sectores más conservadores, que quieren ver a los excombatientes tras las rejas por haber participado en la confrontación.
Miles de personas, incluidos excombatientes de las FARC, efectivos de las Fuerzas Armadas, civiles y exfuncionarios del gobierno acusados de haber apoyado escuadrones paramilitares de ultraderecha, han manifestado su intención de someterse a la JEP que contempla penas más benévolas que la justicia ordinaria.