En abril un grupo de expertos internacionales dijo que hubo manipulación de evidencias, tortura y tergiversación de información en el caso y puso en duda de dónde fueron sacadas las bolsas con restos óseos que llevaron a la identificación del joven Alexander Mora, el único identificado hasta el momento.

Ciudad de México. Dos funcionarios de alto rango de la fiscalía mexicana que participaron en las pesquisas en torno la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en 2014 fueron relevados de su cargo, en medio de fuertes críticas por fallas cometidas durante el proceso de investigación.

La Procuraduría General de la República (PGR) nombró a Alfredo Higuera como nuevo fiscal especial para el caso, en sustitución de José Aarón Pérez, y a Jorge Zúñiga como director de Servicios Periciales, en reemplazo de Sara Medina, informó el miércoles en un comunicado.

En abril, al concluir un mandato de 14 meses en México, un grupo de expertos internacionales dijo que hubo manipulación de evidencias, tortura y tergiversación de información en el caso y puso en duda de dónde fueron sacadas las bolsas con restos óseos que llevaron a la identificación del joven Alexander Mora, el único identificado hasta el momento.

A pesar de los cambios, aún continúa en su cargo el director de la Agencia de Investigación Criminal de la fiscalía, Tomás Zerón, a quienes los expertos, así como abogados y familiares de las víctimas, ven como el principal responsable de las fallas.

Zerón es investigado actualmente por el área de asuntos internos de la fiscalía.

La PGR entregó este miércoles a los familiares un informe con los detalles de lo realizado en la investigación, que aún no arriba a conclusiones sobre qué pasó con los estudiantes, aunque su teoría es que fueron asesinados y sus cuerpos quemados.

Esta versión fue echada abajo por los expertos y por peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense, quienes colaboran con la investigación, porque aseguran que no existen suficientes indicios para sustentar la versión de que 43 personas hayan podido ser quemadas en el basurero de la localidad de Cocula, lugar señalado por la PGR.

Los estudiantes, rebeldes de izquierda, llegaron el 26 de septiembre del 2014 a la ciudad de Iguala, en el empobrecido sur de México, para tomar autobuses con el fin de participar en una protesta, cuando fueron atacados por policías municipales y supuestamente entregados a sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos, dedicados al tráfico de heroína.