La indagatoria del Ministerio Público incluye también a otros ex funcionarios del correato como Jorge Glas, ex vicepresidente de la República; Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia; José Serrano, ex ministro del Interior.
Quito. Delincuencia organizada es el segundo delito por el que al ex presidente Rafael Correa se le abre una investigación previa al interior de Fiscalía. El delito a investigar nace de una denuncia colocada por el ex asambleísta César Montúfar y tendría que ver con los procesos de corrupción que Odebrecht implementó en Ecuador para hacerse de contratos en obras públicas.
La notificación incluye a otros ex funcionarios del correato como Jorge Glas, ex vicepresidente de la República; Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia; José Serrano, ex ministro del Interior.
La lista de investigados alcanza también a los ex fiscales generales Carlos Baca y Galo Chiriboga, al ex contralor Carlos Pólit, el ex procurador Diego García y la constructora brasileña Odebrecht.
César Montúfar afirma que existió el delito que denunció porque lo que se instauró en el Ecuador durante la década del correismo fue "un fenómeno de corrupción institucional".
"La corrupción dejó de ser un fenómeno aislado para transformarse en un modo de Gobierno y eso corresponde a una estructura delictiva organizada", apuntó Montúfar, al tiempo que anunció que acudirá a la Fiscalía para rendir una versión sobre este hecho.
Montúfar denunció este caso el 5 de marzo pasado pasado.
Un documento del Supremo Tribunal Federal de Brasil reveló la confesión de dos colaboradores de la constructora Odebrecht sobre el supuesto pago de US$1 millón a un representante del Ministerio de Energía de Ecuador, luego de que la compañía se adjudicó, en el 2007, la construcción de la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón.
En octubre del 2007, el ministro de Electricidad y el prefecto de Pichincha de ese entonces, Alecksey Mosquera y Gustavo Baroja, firmaron la concesión del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón. La obra se construiría en 48 meses y estaba a cargo de Odebrecht, a un costo de US$458 millones.
