El organismo Anticorrupción acusa también a otras 6 personas por idear un plan por el que se pagó un sobreprecio para adquirir la mercantil brasileña Emissao con fondos públicos y repartirse comisiones.
Madrid. La Fiscalía Anticorrupción pide ocho años de prisión y 19 años de inhabilitación para el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González por los delitos de fraude a la administración y malversación de caudales públicos por la compra de la empresa brasileña Emissao con fondos públicos del Canal de Isabel II, así como sobre el presunto reparto de comisiones derivados de la operación de compra.
El Ministerio Público ha presentado este miércoles su escrito de acusación en el que explica que el proceso de compra de Emissao se llevó a cabo a través de las sociedades Canal Extensia e Inassa entre los años 2012 y 2014 y estuvo "plagada de ilicitudes", ya que supuso "una salida indebida de fondos públicos" de la Administración autonómica por un importe entre 6,8 y 9,7 millones de euros (entre US$7,4 y US$10,6 millones) , debido al "sobreprecio pagado en su adquisión".
Anticorrupción afirma que todo se debió al "plan ideado" por González, el que fuera su 'mano derecha' y expresidente de Inassa (sociedad con la que se realizaba la política de expansión internacional del Canal), Edmundo Rodríguez Sobrino; el ex delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro -vinculado a la mercantil Essentium-; el ex gerente de Inassa Diego García Arias y el exdirector de otra filial del Canal Ramón Navarro, por el que se habrían repartido US$5,4 millones en comisiones ilegales con cargo a dicho sobreprecio.
Para ello, habrían contado con la "colaboración esencial" del propietario de Emissao, Sebastiao Cristovam, quien incrementó el precio de venta para "facilitar el reparto de los fondos públicos", añade.
Por ello, Anticorrupición solicita también siete años de prisión y 16 de inhabilitación por los mismos delitos que al expresidente madrileño (fraude a la administración en concurso medial con malversación de caudales públicos agravada) para Rodríguez Sobrino y Moro; seis años y medio de cárcel para Cristovam; mientras que para García Arias y para Navarro interesa dos años de prisión.
La Fiscalía también acusa a la exdirectora del Canal María Fernanda Richmond al entender que "conocía todas las circunstancias" en las que se llevó la operación de compra y que las "ocultó deliberadamente" a los demás miembros del Consejo de Administración "a fin de conserguir que estos votaran favorablemente, como así hicieron". Por ello, pide la pena de cinco años de prisión por el delito de caudales públicos.
Plan para garantizar las comisiones. Según relata el fiscal en su escrito de acusación, fue Luis Vicente Moro quien entre octubre y noviembre de 2012 propuso a Ignacio González, "con quien mantenía una estrecha relación personal", hacer "lo necesario" para que el Canal Isabel II adquiriera la empresa brasileña conjuntamente con Essentium, "pagando por ella un sobreprecio indebido con cargo al cual pudieran repartirse comisiones ilegales".
Esta idea fue aceptada por el expresidente de la Comunidad de Madrid "en consciente perjuicio" de la Administración y, aún así, contactó "con su íntimo amigo", Edmundo Rodríguez Sobrino para encomendarle la gestión de dicha operación y el encargo de que "garantizara en todo caso el cobro de comisiones por parte de los tres acusados y de las personas que necesitara incluir en el plan", indica la Fiscalía.
El fiscal subraya también que González fue la personas que supervisó y vigiló el desarrollo de toda la operación y quien fijó las cuantías de las comisiones, "siendo la suya el doble que las de los demás, para lo cual mantuvo reuniones con algunos de los acusados en su propio despacho oficial de la Presidencia de la Comunidad de Madrid".
El reparto se hizo de este modo: para Ignacio González, un total de US$1,8 millones, mientras Rodríguez Sobrino, García Arias, Navarro y Moro se llevaron US$900.000 cada uno. En cuanto a Richmond, no consta en la investigación que llegara a percibir comisión alguna por la operación.
Advertencias de deficiencias. Por otro lado, la Fiscalía constata que los acusados recibieron diversa documentación que advertían de las dificultades de inversión de Inassa en Emissao, debido a "las graves deficiencias existentes en la información financiera y contable suministrada por el vendedor, su sobrevaloración y el sobreprecio que se disponían a pagar, 30 millones de dólares por adquirir un 80% de esa sociedad" y que fueron "obviadas deliberadamente".
El contrato de compraventa de Emissao se firmó en noviembre de 2013 por un precio de US$29,5 millones, que recibió Cristovam en enero de 2014 en tres transferencias ordenadas por Richmond. Acto seguido, el propietario de Inassa transfirió el importe de las comisiones ilegales (US$5,4 millones) desde su cuenta de Suiza a distintas cuentas situadas en el extranjero a nombre de alguno de los otros investigados y sus sociedades interpuestas.
Por último, la Fiscalía señala en su escrito que en el caso de Rodríguez Sobrino y Cristovam concurre la aplicación de la atenuante de reparación del daño ya que consignaron en la cuenta judicial las comisiones ilegales que habrían recibido de la compra de Emissao, así como para García Arias y Navarro, para quienes también se aprecia la atenuantes de confesión.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón propuso juzgar a González, Rodríguez Sobrino y al resto de acusados el pasado mes de noviembre por esta pieza separada que se enmarca en el caso 'Lezo',que estalló en abril de 2017 y supuso la detención del expresidente madrileño. Si bien, acordó el sobreseimiento de la causa para 14 personas que habían permanecido investigadas estos dos años y medio que ha durado la instrucción.
La de Emissao es la segunda pieza de la causa que se manda a juicio, pues ya dictó otro auto en relación a la pieza sobre Inassa, en la que procesó a una veintena de ex altos cargos del Canal de Isabel II por la compra de la empresa colombiana a finales de 2001 y que se archivó con respecto a Ignacio González.
