El pedido fue presentado ante el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que procesa los casos de corrupción vinculados al escándalo Lava Jato en Perú. PPK ya era investigado por sus vínculos con Odebrecht.

Lima. El equipo especial anticorrupción de la Fiscalía de Perú solicitó este miércoles al Poder Judicial el impedimento de salida del país del presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, tras su renuncia al cargo en medio de denuncias por presunta compra de votos en el Congreso, según informó la prensa local.

El pedido de la Fiscalía fue presentado ante el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que procesa los casos de corrupción vinculados al escándalo Lava Jato en Perú, de acuerdo a fuentes del Ministerio Público citadas por los medios.

Kuczynski ya era investigado por la fiscalía por los presuntos vínculos de su empresa Westfield con la constructora brasileña Odebrecht, así como de la compañía First Capital de su socio chileno Gerardo Sepúlveda, cuando el mandatario era ministro del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

El Congreso tenía previsto debatir este jueves su destitución por permanente incapacidad moral, pero Kuczynski presentó su carta de renuncia al Legislativo este miércoles, ante los pedidos de dimisión de diversos sectores políticos.

Solicitan audios. El presidente del Parlamento, Luis Galarreta, presentó además ante el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, una denuncia por los audios y videos difundidos este martes que revelaron un intento de compra de votos de un legislador opositor contra la destitución de Kuczynski.

Sánchez había solicitado los audios y videos difundidos en el Congreso como parte de las acciones preliminares iniciadas de oficio por la Fiscalía.

El titular del Legislativo también había anunciado un proceso de acusación constitucional para desaforar a cinco congresistas, entre ellos la actual primera ministra, Mercedes Aráoz, y a Kenji Fujimori, por una supuesta compra de votos para evitar la destitución de Kuczynski.

Además de Aráoz, Galarreta anunció que se acusaría a Carlos Bruce, quien ejerce como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y a los legisladores Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel.