Álvaro Arzú habría negociado empleos y contratos públicos con el conocido reo Byron Lima, dijo el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, acompañado en rueda de prensa por la Fiscal General, Thelma Aldana.
Ciudad de Guatemala. La Fiscalía de Guatemala y la misión anticorrupción de Naciones Unidas CICIG solicitaron el jueves un antejuicio contra Álvaro Arzú, veterano alcalde de la capital y uno de los políticos más influyentes de la nación centroamericana, para investigarlo por supuestos delitos de corrupción.
Arzú, ex presidente del país ente 1996-2000, habría negociado empleos y contratos públicos con el conocido reo Byron Lima, dijo el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, acompañado en rueda de prensa por la Fiscal General, Thelma Aldana.
El funcionario, que ha sido alcalde capitalino desde que salió de la presidencia, habría destinado dinero de la municipalidad para la campaña de su cuarta reelección consecutiva en 2015 y alterado las facturas para encubrirlo, según los investigadores.
"Se pudo documentar la existencia de plazas fantasmas en la municipalidad de Guatemala (para familiares de Lima)", dijo el exmagistrado colombiano Velásquez, quien detalló que Arzú mantuvo comunicación con Lima bajo el alias de "Señor Oro".
Arzú, en cuyo mandato se firmaron los acuerdos de paz, acudió personalmente a la rueda de prensa y en un momento de tensión trató de pedir el micrófono para encarar públicamente a Velásquez y Aldana.
"Este par de individuos están pasándome la factura porque no pudieron darle 'golpe de Estado' a otro presidente (Jimmy Morales). No fueron plazas fantasmas, la gente llegaba todos los días a trabajar. Que me investiguen, el antejuicio me tiene sin cuidado", dijo Arzú a periodistas.
Lima, quien murió junto a otros 13 reos en un motín carcelario el año pasado, es conocido en el país por ser uno de los asesinos convictos del emblemático obispo guatemalteco Juan José Gerardi en 1998 por denunciar públicamente los abusos de los militares durante la larga guerra civil.
Arzú ha sido uno de los más férreos defensores del presidente Jimmy Morales en la crisis política desatada por su intento de expulsar al comisionado Velásquez del país, al que acusan de politizar la justicia y excederse en sus funciones.
La Fiscalía solicitó recientemente un antejuicio para investigar a Morales por el cobro de un bono salarial del Ministerio de Defensa, después de que el Congreso evitara que el mandatario fuera investigado por la CICIG por supuesto financiamiento electoral ilícito.
