Policías federales chocaron el viernes en el violento estado occidental de Michoacán contra supuestos miembros del cartel Jalisco Nueva Generación (JNG) en una las más cruentas batallas desde que México lanzó una ofensiva contra el narcotráfico en diciembre del 2006.
México DF. El gobierno mexicano justificó este lunes el uso de la fuerza letal durante un enfrentamiento en el que murieron 42 presuntos delincuentes y un policía, en medio de cuestionamientos sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por efectivos militares.
Policías federales chocaron el viernes en el violento estado occidental de Michoacán contra supuestos miembros del cartel Jalisco Nueva Generación (JNG) en una las más cruentas batallas desde que México lanzó una ofensiva contra el narcotráfico en diciembre del 2006.
El Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, sostuvo además que se trató de un enfrentamiento, saliendo al paso de las dudas sobre si las autoridades habrían ejecutado a los presuntos delincuentes.
"Todas (las víctimas) cayeron en enfrentamiento", dijo Rubido en una entrevista radial.
El año paso tres soldados fueron acusados de homicidio por su participación en la presunta matanza de 22 supuestos delincuentes en la localidad de Tlatlaya en el Estado de México.
Rubido justificó poco antes, en una reunión con corresponsales, el uso de la fuerza letal contra los delincuentes y las razones por las cuales murieron muchos más presuntos criminales que efectivos policiales.
"Cuando las fuerzas del orden son agredidas con armas letales se hace nugatoria la utilización de armamento no letal (...) No podemos exponer la vida de servidores públicos (...) enfrentándose a un grupo delincuencial cuyo objetivo es no neutralizar al policía sino abatirlo", dijo.
El tiroteo en el rancho de Tanhuato, un municipio colindante con el estado de Jalisco, se desató días después de que sicarios del JNG derribaran a un helicóptero militar en una de las más audaces respuestas de la delincuencia organizada contra fuerzas de seguridad del país.
Rubido narró que todo comenzó el viernes cuando un convoy de la Policía Federal (PF) -conformado por ocho vehículos y 42 efectivos- fue al rancho siguiendo una denuncia acerca de que este había sido tomado por criminales desde el lunes. Estando en sus inmediaciones la caravana fue atacada por un grupo de hombres armados que iban a bordo de una camioneta de carga.
Posteriormente se dio una persecución que terminó cuando la camioneta entró en la hacienda, chocó contra un árbol, y desde dentro de las instalaciones de la finca -de poco más de 112 hectáreas- comenzaron a ser atacados los agentes del orden.
El funcionario salió al paso de algunas versiones sobre que en el rancho había menos armamento que muertos y precisó que se aseguraron 38 armas largas, dos armas cortas, un rifle Barrett calibre .50 y un lanzagranadas. A los tres delincuentes detenidos se les decomisaron tres armas largas y una granada de expansión.
Según el funcionario, fueron hallados en el sitio 2.626 casquillos percutidos y 1.282 cartuchos útiles. "O sea que estábamos hablando de una importante capacidad de fuego la que tenía el grupo criminal".
