Entre los funcionarios que viajarán a Brasilia se encuentra el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, una comisión de la Procuraduría y dos magistrados del Consejo Nacional Electoral que indagan si Odebrecht financió directa o indirectamente las campañas electorales del presidente Juan Manuel Santos y del ex candidato opositor derechista Óscar Iván Zuluaga.
Bogotá. Funcionarios colombianos viajarán la próxima semana a Brasil para reunirse con autoridades de ese país, en busca de evidencias sobre las investigaciones por el pago de sobornos de la firma Odebrecht a políticos y los presuntos giros de dinero a campañas presidenciales en 2014, informó el viernes la Fiscalía General en Bogotá.
Entre los funcionarios que viajarán a Brasilia se encuentra el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, una comisión de la Procuraduría y dos magistrados del Consejo Nacional Electoral que indagan si Odebrecht financió directa o indirectamente las campañas electorales del presidente Juan Manuel Santos y del ex candidato opositor derechista Óscar Iván Zuluaga.
Los investigadores colombianos se reunirán con el procurador general de Brasil, Rodrigo Janot. La fiscalía de Colombia dijo que Martínez buscará un acuerdo con sus homólogos de Bolivia, Perú, Panamá y Ecuador para que Brasil acelere el acceso a la información necesaria a fin de avanzar con las investigaciones.
En Colombia, Odebrecht está involucrada en un escándalo de corrupción acusada de haber pagado sobornos por más de US$11 millones para que le adjudicaran el contrato para la construcción de una autopista, proceso por el que están en la cárcel un ex viceministro de transporte y un antiguo senador.
Las autoridades también investigan la presunta financiación en 2014 de Odebrecht a las campañas del presidente Santos y del ex candidato derechista Zuluaga. Santos venció a su rival derechista y ganó la reelección para un segundo mandato.
En diciembre, la constructora se declaró culpable en una corte de Estados Unidos de violar normas contra sobornos, después de una investigación en Brasil sobre una extensa red de corrupción que entre 2001 y 2016 habría pagado unos US$439 millones a partidos políticos, funcionarios extranjeros y sus representantes en varios países de América Latina.
