La decisión del primer mandatario colombiano sobre si acoge o no las medidas de la CIDH señalarán el camino para el burgomaestre.

Tal como están dadas las cosas en este momento, la ‘papa caliente’ sobre la destitución del alcalde Gustavo Petro Urrego ha quedado servida para el presidente Juan Manuel Santos, quien en los próximos días tendrá que tomar una de las decisiones políticas más incomodas de los últimos días.

Este miércoles hubo dos anuncios fundamentales en torno a la novela jurídica en que se ha convertido la decisión del procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, de destituir e inhabilitar por 15 años al alcalde de Bogotá. En la tarde el Consejo de Estado decidió dejar en firme la destitución del burgomaestre tras rechazar las tutelas presentadas para tratar de frenar la decisión del Ministerio Público. Sin embargo, hacia la media noche la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció que le otorgaba las medias cautelares al alcalde –otra de las instancias a la que acudió Petro–, lo que quiere decir que pide que se frene su destitución hasta tanto no haga un estudio de fondo sobre la situación del primer mandatario de Bogotá.

En cuentas claras lo que queda en este momento es que el presidente Juan Manuel Santos decida si acoge o no la decisión de CIDH, tanto así que en las primeras horas de este miércoles se conoció que el procurador General ya le solicitó una cita para argumentarle el porqué no debería acatar la recomendación de la Comisión.

Las opiniones están divididas y no hay ningún consenso entre juristas, constitucionalistas y analistas políticos sobre cuál es el camino correcto si desestimar las medias cautelares y dejar de lado lo que parece ser una tradición en Colombia de respetar este tipo de instancias, o por el contrario ratificar que son las instituciones colombianas las que deciden sobre este tipo de situaciones.

Nada obliga al presidente Juan Manuel Santos a tomar una decisión en las próximas horas, máxime cuando ese estudio a fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede tardar meses o incluso años.

Analistas consultados han señalado que muy seguramente la decisión se va a tomar en el contexto de la campaña presidencial, es decir que los cercanos al primer mandatario podrían estar midiendo qué tipo de apoyo o percepción favorable le es más conveniente a la campaña presidencial en los próximos meses, si el de quienes quieren que Petro se vaya de la alcaldía o quienes por el contrario consideran que el procurador Ordóñez se extralimitó en sus funciones y no hay razón para que Petro deje la alcaldía.

En ese espacio de tiempo que se pudiera tomar Santos para anunciar la decisión surge el interrogante de si procedería entonces llevar a cabo el proceso de revocatoria del mandato del alcalde. Al respecto, el registrador Carlos Ariel Sánchez se declaró a la espera de la notificación por parte del Consejo de Estado para decidir si suspende o no el proceso de elección de la revocatoria.

Tal como sucedió al siguiente día de la decisión del procurador Alejandro Ordóñez, este miércoles no está claro si el alcalde Petro deja su cargo en los próximos días.