Alan García defendió este lunes las más de 5.000 reducciones de penas e indultos que otorgó durante su segundo mandato (2006-2011), al ser cuestionado por un reportaje televisivo por liberar dentro de ellos a sentenciados por tráfico de drogas, en modalidad agravada.

Lima, Andina. El ex presidente Alan García dijo este lunes que los indultos y reducciones de penas concedidas a delincuentes durante su gobierno se hizo de acuerdo a ley y dentro de la política para reducir el hacinamiento en las cárceles, favoreciendo a autores de delitos menores.

Refirió que a fines del 2007 existían 44.000 “cuando los establecimientos penitenciarios solo tienen posibilidad de albergar a 20 mil”, y agregó que casos como el penal de Lurigancho son dramáticos porque hay 10.000 presos, cuando su capacidad de albergue es solo de 3.000.

“La política de reducción de penas que instrumentó mi gobierno, está dentro de la política penitenciaria y dentro de la política de ‘deshacinamiento’ de los penales”, subrayó.

Asimismo, recalcó que la reducción de las condenas tenía “el objetivo moral y la compasión con el que sufre”, o por ejemplo, dar una nueva oportunidad a jóvenes madres.

Según un informe de un programa periodístico, durante el segundo gobierno de García (2006-2011), se concedieron beneficios penitenciarios a 400 condenados por narcotráfico.

En diálogo con la prensa, el ex presidente indicó que se otorgaron 5.000 reducciones de penas para una población que llegó a ser de 47 mil reclusos, es decir, 10% de la población penal fue beneficiada con penas inferiores a lo indicado en sus sentencias.

“Y solo se dieron 104 indultos, porque el indulto tiene un conjunto de prohibiciones, de acuerdo a diferentes leyes. El secuestro, la violación, la extorsión están prohibidos de indulto”, precisó.

“Por consiguiente, todo lo que se ha hecho está estrictamente dentro de la ley, si se me hubiera propuesto, por la Comisión de Gracias Presidenciales, otorgar un indulto a un gran narcotraficante, no lo hubiera hecho. Primero que está prohibido; y segundo, porque no está en mi conciencia”.

Recordó también que antes de la reducción de penas se envió al Congreso un proyecto para establecer que “si una persona que ha merecido una gracia presidencial, reducción de pena o indulto; vuelve a delinquir, el juez aplicará automáticamente la mitad de la pena”.

“Esto como sanción por haber traicionado la nueva oportunidad que la sociedad, a través del Presidente, le da”, subrayó García Pérez.

Reseñó que encontró en las solicitudes de reducción de penas “una inmensa cantidad de madres, muchísimas iletradas, humildes y campesinas de las fronteras del Perú con Bolivia y con Chile”, con hijos menores que habían sido sentenciadas a penas “muy graves e inhumanas”.

Por consiguiente, dijo, tiene paz en su conciencia y que en este caso no existe ningún delito o falta. “Diferencia de opinión pueden haber, pero falta y delito, ninguna”, remarcó.

García explicó que la concesión del indulto y la reducción de la pena, que se llama conmutación, es una facultad exclusiva del Presidente de la República, de acuerdo al artículo 118 inciso 21 de la Constitución.