La violencia relacionada a la droga a lo largo de la frontera ha estallado en los últimos años, mientras el gobierno mexicano, con apoyo de Estados Unidos, combate a los poderosos cárteles de narcotraficantes, inmigrantes ilegales y el tráfico de armas en una franja que se extiende por 3.200 kilómetros.
Ensenada, México. Los gobernadores de la frontera entre Estados Unidos y México acordaron evaluar la creación de bases de datos compartidas para intercambiar información sobre ADN y biométrica de criminales, en un esfuerzo por contener el tráfico de armas y drogas entre los dos países.
Las autoridades anunciaron el acuerdo en la noche del jueves al final de una conferencia anual de líderes regionales de ambos lados de la frontera.
La gobernadora republicana de Nueva México, Susana Martinez, fue la única funcionaria estadounidense que asistió al encuentro, junto a tres gobernadores -de los seis invitados- del lado mexicano.
El gobernador de Texas, el aspirante presidencial republicano Rick Perry, no estuvo presente y su estado no firmó el acuerdo final.
La violencia relacionada a la droga a lo largo de la frontera ha estallado en los últimos años, mientras el gobierno mexicano, con apoyo de Estados Unidos, combate a los poderosos cárteles de narcotraficantes, inmigrantes ilegales y el tráfico de armas en una franja que se extiende por 3.200 kilómetros.
"La esperanza es que todos los criminales condenados (deportados de Estados Unidos) vuelvan con la información biométrica que les siga en su regreso a México", dijo José Osuna, gobernador de Baja California.
Los datos luego podrían ser usados por las autoridades mexicanas para combatir el crimen, agregó.
El presidente mexicano, Felipe Calderón, dice que los voraces consumidores de drogas estadounidenses son en parte responsables por la creciente violencia, que ha dejado más de 42.000 muertos en México durante los cinco años en los que ha ocupado el poder.
También apunta a un tránsito de armas estadounidense que circula al sur de la frontera e incluye potentes armas de asalto que avivan las batallas por la droga.
El gobierno estadounidense aún está lidiando con un escándalo en torno a la controvertida operación de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) conocida como "Rápido y Furioso", que permitió el libre movimiento de armas a través de la frontera.
En la reunión, los gobernadores instaron a las autoridades estadounidenses a controlar mejor las ventas de armas y expresaron su apoyo a los últimos esfuerzos del presidente Barack Obama por contener el comercio de armas.
