En la presentación, realizada por el gobierno argentino a través de la Jefatura de Gabinete, se pidió a la Corte Suprema que "suspenda de manera inmediata" y luego "declare nulo" el fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal.

Buenos Aires. El gobierno argentino apeló este viernes ante la Corte Suprema el fallo de un tribunal que el jueves prorrogó una medida cautelar que favorece al Grupo Clarín, al impedir la aplicación de una ley que obligaba al corporativo de medios a desprenderse de parte de sus activos.

El gobierno "presentó hoy ante la Corte Suprema de Justicia el recurso extraordinario de 'per saltum' (salto de instancia, remedio procesal en causas sensibles) a fin de revocar la extensión de la medida cautelar que favorece al Grupo Clarín", precisó el gobierno en su sitio en Internet.

La Cámara en lo Civil y Comercial Federal decidió prorrogar la acción cautelar (especie de amparo) solicitada por Clarín para que, antes de comenzar un eventual proceso de desinversión como indica la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Justicia resolviera si dos artículos de esa norma son o no constitucionales.

En los hechos, si la Corte Suprema acepta el "per saltum", el gobierno evitaría que la apelación del fallo que amplió la cautelar sea tratada por la propia Cámara que intervino el jueves.

En la presentación, realizada por el gobierno argentino a través de la Jefatura de Gabinete, se pidió a la Corte que "suspenda de manera inmediata" y luego "declare nulo" el fallo de la Cámara.

Además, el gobierno argentino, de modo paralelo, presentó hoy un recurso ante el Supremo a través de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA, autoridad de aplicación de la Ley 26.522), para que la Corte ratifique la fecha de hoy viernes como plazo para que se empiece a aplicar la norma de manera plena.

Clarín es el principal afectado por la ley, debido a que controla el 41% del mercado de radio, 38 por ciento de la TV abierta, 59% de la TV por cable, 25 licencias (radios AM y FM y de TV abierta), 237 de TV por cable (el máximo permitido es 24, una por ciudad) y nueve señales de televisión de paga (se autoriza sólo 1).

El tribunal de alzada que falló el jueves estableció que la medida cautelar, que en los hechos impide al gobierno de Fernández que imponga la obligación a Clarín de deshacerse de activos, tendrá vigencia hasta "que haya sentencia definitiva", sobre la cuestión de fondo respecto de los artículos 45 y 161 de la norma legal.

El fallo deja ahora en manos del juez de primera instancia, Horacio Alfonso, la decisión de abordar la cuestión de fondo.

La norma fue sancionada en octubre de 2009, pero no entró en vigencia plenamente desde que Clarín, cuya facturación fue de US$2.000 millones en 2011, la objetó ante la justicia por considerar que viola el derecho de propiedad.