Si la gestión de Cristina Fernández promueve una solución política a los reclamos de los gremios aprobando fuertes aumentos de salarios, la economía podría crujir antes de fin de año por la alta inflación y los desajustes fiscales.
Buenos Aires. El gobierno de Argentina está en una encrucijada ante la ola de protestas anunciadas por los sindicatos en reclamo de alzas salariales, con una economía estancada y siete meses antes de las elecciones presidenciales.
Si la gestión de Cristina Fernández promueve una solución política a los reclamos de los gremios aprobando fuertes aumentos de salarios, la economía podría crujir antes de fin de año por la alta inflación y los desajustes fiscales.
Y si apuesta por una solución que mantenga a raya los sueldos, las huelgas a partir de marzo de los poderosos sindicatos argentinos y la erosión del poder de compra de la población por la inflación podrían desatar un extendido malestar social que golpee a los candidatos oficialistas.
Los gremios de trabajadores públicos y docentes lanzaron huelgas la semana pasada en la provincia de Buenos Aires -el distrito más importante del país- para mostrar su poder de fuego.
Si bien en el caso de los gremios del sector privado los acuerdos salariales son negociados entre los sindicatos y las empresas, el gobierno oficia de mediador y guía las conversaciones, por lo que también se convierte en blanco de sus quejas.
Pero las autoridades estudian otra alternativa para desactivar las huelgas: una rebaja del impuesto que pagan los salarios medios y altos.
"Se está analizando una modificación del impuesto a las ganancias, con suba del mínimo no imponible. Sería en marzo", dijo a Reuters una fuente oficial que pidió el anonimato.
Ese es precisamente el reclamo de los vigorosos sindicatos de transporte, que en su mayoría están distanciados del gobierno y ya anunciaron un paro para fin de marzo.
La central gremial opositora CGT está analizando si se suma o no a la huelga. De hacerlo, la protesta paralizaría el país.
"Hay una alta inflación y encima cada vez que se firma un acuerdo salarial hay que pensar que un porcentaje queda en la retención que hacen todos los meses por el impuesto a las Ganancias", dijo Omar Pérez, secretario del Sindicato de Choferes de Camiones.
La recaudación del impuesto a las Ganancias se disparó más del 40% en enero y febrero porque grava a cada vez más empleados, ya que sus sueldos se actualizan por inflación.
La economía argentina sufre un alza de precios calculada en cerca del 30% anual por analistas privados, una seria disputa judicial por el pago de su deuda y una escasez de inversiones extranjeras que dificultan que la actividad despegue después de una década de vertiginoso crecimiento.
Las protestas sindicales son habituales en Argentina en esta época del año, cuando los gremios reclaman ajustes de sueldos por inflación, pero un aumento superior al 40%, como pidió el líder de los camioneros y de la central opositora CGT, Hugo Moyano, parece de difícil aplicación para las empresas.
"El tema (de las huelgas) nos preocupa. Hay gremios que juegan para que el gobierno pierda las elecciones", dijo la fuente gubernamental.
Presiones en varios frentes. La presidenta no puede postularse a otra reelección. Pero los principales candidatos que en agosto se lanzarán a las primarias oficialistas, el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, y el ministro Florencio Randazzo, no son tan populares como ella y sufren con cada traspié del gobierno.
El año pasado la justicia de Estados Unidos bloqueó pagos de deuda del país austral debido a una demanda de acreedores, en un conflicto aún sin solución a la vista.
En enero, el resonante caso del fiscal Alberto Nisman, que apareció muerto en su casa tras hacer una grave denuncia contra la mandataria, impactó a la gestión de la mandataria, que aún no ha logrado recuperar la iniciativa.
Los sondeos muestran que el resultado de las elecciones aún es incierto, pero un aumento de los conflictos sociales podría inclinar la balanza hacia candidatos opositores como el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, y el diputado Sergio Massa.
"Las presiones salariales van a aumentar, sobre todo con un gobierno en retirada", dijo la analista política Graciela Romer, quien descartó que la gobernabilidad esté en riesgo. "Y va a haber un aumento de la conflictividad social, pero eso es parte del marco de cualquier campaña electoral".
El recorte del impuesto a las ganancias podría reducir el potencial de conflicto. El ministro de Economía, Axel Kicillof, admitió recientemente que con la presidenta "permanentemente se está dando esa discusión" sobre la modificación del impuesto.
El tributo es uno de los tres impuestos más importantes para las arcas argentinas. El Estado recaudó con él en febrero el equivalente a US$2.959 millones.
"La situación fiscal es compleja, pero el costo de bajar un poco el impuesto a las Ganancias, que puede ser de entre 15.000 y 20.000 millones de pesos (anuales), no es tan significativo", opinó Maximiliano Castillo, director de la consultora económica ACM. "El gobierno lo puede acomodar en el presupuesto y también debe contener otros gastos", afirmó.
