Además, el ejecutivo argentino presentó una demanda civil contra los ambientalistas, por entender que perjudicaron a comerciantes, transportistas y al sector turístico.

Buenos Aires. El gobierno de Cristina Fernández anunció estemiércoles que denunció “con nombre y apellido” ante la Justicia penal y civil alos responsables de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, que mantienen desde2006 cortado el puente General San Martín, en protesta por la instalación ypuesta en marcha de la fábrica de pasta de celulosa de UMP (ex Botnia) en FrayBentos.

Así lo anunció en conferencia de prensa el jefe de gabinetedel gobierno argentino, Aníbal Fernández, tras la reunión que mantuvo laprimera mandataria junto a gran parte de sus ministros.

El jerarca explicó que el Ejecutivo porteño no encontró“contundente” el fallo del juez Pimentel (que este martes ordenó el desalojo),y por eso decidió notificar a los piqueteros pero no desalojarlos por la fuerzaporque está en contra de la represión. “En lugar de poner la fuerza pública apresionar para liberar el puente hasta tener que reprimir, hemos decididopresentarnos como querellantes en la causa”, dijo.

Fernández detalló que la denuncia penal será por lossiguiente delitos: “entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte,homicidio culposo, amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos,instigación a cometer delitos, intimidación pública, apología del delito, otrosatentados al orden público, delitos que comprometen la paz y la dignidad de lanación, atentados al orden constitucional de la vida democrática, sedición,atentando contra la autoridad y encubrimiento”.

El gobierno argentino, además, presentó una demanda civilcontra los ambientalistas, por entender que perjudicaron a comerciantes,transportistas y al sector turístico.

En varios pasajes Aníbal Fernández aseguró que el gobiernoargentino pretende reencauzar las relaciones bilaterales con Uruguay, para loque se propone cumplir con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de LaHaya.