"Muchas veces los medios generan prejuzgamiento, juzgamiento, juicio sumarísimo, condena y sentencia. Eso no es apropiado en un sistema republicano", sostuvo el jefe de Gabinete de gobierno, Jorge Capitanich.

Buenos Aires. El jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Jorge Capitanich, pidió este unes que se respete "el debido proceso" judicial al vicepresidente, Amado Boudou, que hoy declarará ante la Justicia en un caso de corrupción, y que no se saquen conclusiones apresuradas.

"Muchas veces los medios generan prejuzgamiento, juzgamiento, juicio sumarísimo, condena y sentencia. Eso no es apropiado en un sistema republicano, que tiene que tener publicidad de actos, pero también un debido proceso", subrayó Capitanich en su rueda de prensa diaria.

El jefe de Ministros, confirmó que Boudou "se presentará hoy ante el juez que entiende su causa y establecerá claramente su posición".

"Debemos aguardar el debido proceso y el desenvolvimiento de las instituciones de la República", dijo.

En relación a la petición del vicepresidente de que su declaración fuera televisada por el canal TN, opositor al Gobierno, que fue denegada por el juez, Capitanich consideró que "sería un hecho muy trascendente para esta causa que se pueda trasmitir en vivo y en directo".

"Existen otras razones por las cuales se ha impedido, pero sería muy bueno tener transparencia y visibilidad en esta causa sobre la que se ha hablado mucho", señaló.

Boudou, será por primera vez indagado este lunes por el juez Ariel Lijo, en una causa que le investiga por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública para la compra de una imprenta de papel moneda.

De acuerdo al auto de citación firmado por Lijo, el vicepresidente está acusado de haber comprado, junto a José María Núñez Carmona, empresario y amigo del funcionario, la imprenta de papel moneda Ciccone Calcográfica en septiembre de 2010, cuando Boudou estaba al frente del Ministerio de Economía argentino.

Boudou, de 51 años, dejó la cartera de Economía tras las elecciones de 2011 para ocupar la Vicepresidencia, pero las denuncias por su presunta implicación en escándalos de corrupción eclipsaron su carrera y motivaron que Fernández lo colocara en un discreto segundo plano.

Se trata de la primera vez que un vicepresidente del Gobierno en ejercicio es llamado a declarar como imputado ante los tribunales en Argentina desde el retorno a la democracia, en 1983, lo que supone un duro golpe para el Ejecutivo argentino.