Este martes, la ex secretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga, declaró a puerta cerrada ante un juez de Buenos Aires como testigo en una causa abierta por presunta asociación ilícita de funcionarios y empresarios relacionados con el ex presidente argentino.

Buenos Aires, EFE. El gobierno argentino rompió su silencio para rechazar las denuncias sobre supuestas prácticas corruptas en el círculo del poder reveladas, entre otras personas, por Miriam Quiroga, secretaria del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, que acudió este martes a declarar ante la Justicia.

Quiroga declaró a puerta cerrada ante un juez de Buenos Aires como testigo en una causa abierta por presunta asociación ilícita de funcionarios y empresarios relacionados con el ex presidente Kirchner (2003-2007).

Miriam Quiroga llegó a los tribunales acompañada de una custodia policial y evitó el contacto con la prensa que esperaba frente a la sede judicial.

La ex secretaria fue citada por la Justicia tras participar en un programa televisivo en el que afirmó que cuando trabajaba para la Presidencia vio a un estrecho colaborador de Kirchner salir con bolsos, supuestamente cargados de dinero, destinados a la quinta presidencial de Olivos y a la residencia familiar del expresidente en Santa Cruz (sur de Argentina).

Fuentes judiciales evitaron confirmar si Quiroga ratificó sus declaraciones televisivas ante el juez que investiga la causa abierta en 2008 por una denuncia de la diputada opositora Elisa Carrió contra Kirchner y varios de sus colaboradores.

Miriam Quiroga empezó a trabajar con Néstor Kirchner cuando era gobernador de Santa Cruz y tras su elección como presidente en 2003, fue contratada como secretaria de Documentación en la Casa Rosada donde se mantuvo hasta que fue despedida apenas unos meses después de la muerte del ex mandatario, fallecido en octubre de 2010.

En 2011 hizo unas explosivas declaraciones a una revista argentina en las que sugirió que había mantenido una estrecha relación con Kirchner, esposo y antecesor en el cargo de la actual mandataria, Cristina Fernández.

Sus revelaciones coinciden con denuncias periodísticas sobre la presunta implicación de empresarios próximos a Kirchner en supuestos delitos de lavado de dinero, como Lázaro Báez, quien precisamente hoy se presentó ante la fiscalía de Río Gallegos para reivindicar su inocencia y rechazar las acusaciones que le vinculan con la evasión de millones de dólares a Uruguay para su traslado a bancos suizos.

El escándalo ha crecido en los últimos días con nuevas revelaciones anónimas de un piloto que supuestamente habría visto cómo un estrecho colaborador de Kirchner utilizaba su avión para el traslado de dinero en bolsos y con la declaración de un arquitecto que asegura que la vivienda del matrimonio presidencial tiene una bóveda destinada a guardar valores.

Mientras la Justicia avanza en las investigaciones por las denuncias sobre presuntas prácticas ilícitas, dirigentes oficialistas y altos funcionarios del gobierno han roto el silencio que habían guardado durante las últimas semanas y han salido a rechazar las acusaciones, aunque la presidenta, por el momento, se se ha mantenido al margen de la polémica.

La diputada oficialista Diana Conti defendió este martes a los Kirchner asegurando que hicieron su "fortuna desde muy jóvenes, con trabajo".

Es "una campaña de desprestigio y difamación", afirmó Conti a medios locales en alusión a las revelaciones de las últimas semanas.

Para el secretario general de Presidencia, Óscar Parrilli, las denuncias proceden de "alcahuetes mediáticos" que "intentan generar un clima de terror, un ambiente de miedo, donde se cae todo y está todo mal".

También el ministro de Planificación, Julio De Vido, animó a los que como él son peronistas a "salir a contestar".

El escándalo que salpica al entorno de Cristina Fernández ha provocado una caída de su valoración en las encuestas, según medios locales, en un año especialmente complejo por las elecciones legislativas del próximo octubre, en el ecuador del segundo mandato de la presidenta.

Según la última declaración jurada de Cristina Fernández ante la Oficina Anticorrupción, conocida en agosto de 2012, el patrimonio de la mandataria era en 2011 de 39,6 millones de pesos (US$8,6 millones), una cantidad muy inferior a la de 2010, cuando declaró 70,5 millones de pesos (US$15,3 millones).

El motivo del descenso es que en 2010 su fortuna estaba unida a la de su esposo y, en cambio, en 2011 a ella solo le quedó la mitad de lo que tenía Kirchner, pues la otra mitad fue heredada por los dos hijos del matrimonio, Florencia y Máximo.

Fernández, que contaba en 2011 con un ingreso anual de 331.809 pesos (unos US$72.132) como presidenta, heredó de su esposo 31,6 millones de pesos (US$6,8 millones).

Además obtiene ganancias por rentas de propiedades heredadas de su marido y por dos hoteles que posee en la localidad sureña de Calafate, donde también tiene terrenos por una superficie de hasta 47.000 metros cuadrados, según esa declaración.