El ministro de gobierno, Wilfredo Chávez, dijo este miércoles que "es lamentable que se tuerza de esta manera una función del Defensor desviando la naturaleza del informe y generando un clima de previo juzgamiento de personas incriminadas".

El gobierno rechazó el jueves el informe del Defensor del Pueblo sobre la intervención policial a los indígenas que marchaban en defensa del Tipnis debido a que, según el Ejecutivo, su contenido es sesgado y es falto de objetividad.

El ministro de gobierno, Wilfredo Chávez, en conferencia de prensa, en la sede gubernamental dijo que "es lamentable que se tuerza de esta manera una función del Defensor desviando la naturaleza del informe y generando un clima de previo juzgamiento de personas incriminadas".

El 25 de septiembre, la Policía reprimió a los marchistas en la localidad de San Miguel de Chaparina (Beni, cerca de Yucumo). Los uniformados golpearon, maniataron y detuvieron a varios indígenas.

El informe del Defensor, presentado este miércoles, apunta a que el exministro de gobierno Sacha Llorenti organizó y ordenó la intervención el 24 de septiembre, que fue ejecutada el 25, sin orden fiscal y apoyado por esa cartera. La investigación está sustentada en testimonios e informes de autoridades del ministerio de gobierno y la Policía.

El documento además revela que la intervención fue violenta, represora, y que no tuvo contemplación ante el hecho de que entre los marchistas había niños, niñas, bebés y mujeres gestantes.

Chávez, puntualizó que el informe usurpa funciones del ministerio Público y del Órgano Judicial porque determina una sentencia judicial e individualiza responsabilidades a los involucrados cuando el Defensor del Pueblo tiene otras atribuciones administrativas.

Aseguró que el gobierno cumple y cumplirá las leyes, en especial, la jurisdicción judicial para garantizar la seguridad de las personas, "pero las recomendaciones y las conclusiones temerarias en algunos casos, son inatendibles".

Dejó establecido que las conclusiones no guardan relación con los sucesos del 25 de septiembre en Chaparina, porque en uno de los puntos recomienda a destiempo que se enjuicie a los incriminados, cuando el caso está en proceso y será el juez quien encamine el debido proceso.

Chávez mencionó que proporcionaron al Defensor del Pueblo todos los elementos para facilitar su trabajo, pero esta autoridad obvió la defensa de los derechos humanos.

En el informe dijo "es obviado que el Estado a través del gobierno tiene la obligación constitucional de preservar la seguridad, defensa del Estado y asegurar que la población y los habitantes gocen de seguridad interna en el país".