Bolivia. Los proyectos estatales en sectores estratégicos ya no tendrán retrasos en su ejecución por demandas externas que frenen la obtención de la licencia ambiental.

Una vez cumplidos los plazos, el Ejecutivo definirá las condiciones de la gestión ambiental de los mismos sin lugar a reclamo.

Así lo establece la Disposición Adicional Séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2012 que hace referencia a los procesos de consulta y participación para proyectos futuros o en trámite de las Empresas Públicas Nacionales Estratégicas (EPNE).

La norma —que fue agregada al proyecto de ley original en la Cámara de Diputados— señala al respecto que “no se admitirá la discusión de otros temas que no sean de competencia de la autoridad competente y otros (requerimientos) no relacionados a la implementación de la actividad hidrocarburífera y de otros sectores que causen retraso en la suscripción del Convenio de Validación de Acuerdos y perjudiquen la ejecución del proceso de consulta y participación en las condiciones, plazos y términos que hayan sido establecidos en el Acta de Entendimiento”.

La consulta y participación se inicia cuando el proyecto hidrocarburífero, eléctrico, minero, o de otra actividad productiva, ocasiona un alto impacto socioambiental en los pueblos o comunidades indígenas, originarios o campesinos que habitan dentro de su área de influencia.

El proceso tiene cuatro etapas: informar a la población afectada sobre el proyecto; planificar la consulta de forma conjunta y suscribir un Acta de Entendimiento sobre la forma de su ejecución; efectuar la misma; y consensuar los resultados, ratificándolos a través de la suscripción de un Convenio de Validación de Acuerdos.

Requisito. Los impactos socioambientales identificados en el proceso son incorporados como parte del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) que la EPNE realiza para proseguir con el trámite de obtención de la licencia ambiental.

Sin embargo, en reiteradas oportunidades el Ejecutivo denunció que algunas comunidades o dirigentes indígenas, originarios o campesinos utilizaban la consulta y participación para “chantajear” a las empresas públicas o privadas que intentaban iniciar un nuevo proyecto, principalmente en el área hidrocarburífera.

La nueva Disposición del PGE establece que “si habiéndose cumplido con todos los requerimientos del Acta de Entendimiento para la ejecución de la consulta no se llegara a la suscripción del Convenio de Validación de Acuerdos, por las razones antes mencionadas, se continuará con el procedimiento para la elaboración y aprobación del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental. Mientras dure este proceso, se podrá suscribir el Convenio de Validación”.

Este jueves, La Razón informó que el anteproyecto de Ley del Servicio de Electricidad establece un plazo de 60 días para la conclusión del proceso de consulta y participación o el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) definirá las condiciones de la gestión ambiental de los proyectos de la cadena productiva eléctrica.

“Quienes no participen (del proceso de consulta), habiendo sido convocados, no podrán alegar en forma posterior no haber sido consultados ni rechazar los resultados alcanzados” en el proceso, cita la norma.

Proyección del sector petrolero. El gobierno inició esta semana la elaboración de la Nueva Estrategia Boliviana de Hidrocarburos (EBH) que definirá en el corto, mediano y largo plazo las actividades, programas y proyectos integrales de desarrollo e incentivo a las inversiones en tareas de upstream y downstream.

Exploración.Este lunes, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) presentará al país su Plan de Exploración 2011-2020 y lanzará la Ronda Internacional de Exploración de áreas reservadas, informó la petrolera estatal.

Restringen energía directa a 4 empresas.El gobierno eliminará la suscripción de contratos entre las generadoras de energía y la gran industria para la compra directa de grandes cantidades de electricidad y priorizará el abastecimiento del consumo domiciliario antes que el industrial.

La Disposición Adicional Octava del proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE) 2012 modifica la actual Ley de Electricidad estableciendo que las generadoras sólo podrán suscribir contratos de compra venta de electricidad “con otros generadores y distribuidores” y no así con los Consumidores No Regulados.

Estos consumidores están en condiciones de contratar en forma independiente el abastecimiento directo de electricidad con el proveedor de energía.

Según datos al 2010 del Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC), en esta categoría están la Minera San Cristobal (MSC), con 54 megavatios (MW); la Cooperativa Boliviana de Cemento (Coboce), con 7,7 MW; la Empresa Metalúrgica Vinto, con 6 MW; y la Empresa Minera Inti Raymi SA (EMIRSA), con 2,7 MW.

Asimismo, la segunda modificación relacionada a la Ley 1604 que se contempla en el proyecto de Ley Financial 2012 otorga nuevas funciones al CNDC.

La entidad estará a cargo de “planificar la operación integrada del Sistema Interconectado Nacional (SIN), con el objetivo de satisfacer la demanda mediante una operación segura, confiable y de costo mínimo, priorizando en el marco de lo establecido en la Constitución el abastecimiento a los consumidores domiciliarios y entidades que presten servicios públicos de salud, educación, seguridad ciudadana y transporte público.