Luego de cinco años de procesos, el gobierno aprobó 1.600 trámites de personas y familias que se beneficiarán con el resarcimiento de daños ocasionados por la violencia política de los regímenes dictatoriales, con un pago que oscila entre Bs 48.924 (US$6.799) y Bs 244.220 (US$33.941).
Luego de cinco años de procesos, el gobierno aprobó 1.600 trámites de personas y familias que se beneficiarán con el resarcimiento de daños ocasionados por la violencia política de los regímenes dictatoriales, con un pago que oscila entre Bs 48.924 (US$6.799) y Bs 244.220 (US$33.941).
El Ministerio de Justicia culminó, en dos etapas, con la calificación de los sumarios que se establecieron desde el 2004, con la Ley 2640, y prosiguió con la reconsideración de listas desde el 2010 con la Ley 4069, donde se habían anotado 6.500 personas para exigir el pago.
“Se está cerrando este proceso que ha culminado con 1.600 beneficiarios (de 2.450 partidas que ingresaron al proceso). Ha sido eficiente el trabajo desarrollado”, manifestó el viceministro de Justicia, Nelson Cox.
Presentación de proyecto de ley. La autoridad dijo que, en los siguientes meses, esta cartera de Estado presentará un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para que el ministerio de Economía desembolse el dinero que se utilizará para esta compensación económica. Por último, a través de un decreto supremo, se hará oficial la lista de los beneficiarios y el monto económico a recibir.
No obstante, este proceso es observado por derechos humanos y el Defensor del Pueblo.
Leyes. El 11 de marzo del 2004, el entonces presidente Carlos Mesa promulgó la Ley 2640, que establecía procedimientos destinados a resarcir daños a las personas que fueron víctimas de actos de violencia política, mediante los agentes de gobiernos inconstitucionales que violaron y conculcaron derechos humanos y garantías constitucionales.
La indemnización, calificada por la Comisión Nacional para el Resarcimiento a Víctimas de la Violencia Política (Conrevip), comprendió a las víctimas que sufrieron violencia política entre el periodo del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre de 1982.
Para el caso, preveía un 20% de recursos económicos erogados del Tesoro General de la Nación (TGN), con un monto de US$3,6 millones y el trámite de “aportes porcentuales anualmente”, por donaciones privadas o extranjeras y de organismos internacionales, hasta cubrir el resarcimiento.
Preveía también el pago porcentual a los beneficiarios durante la gestión 2005, hecho que no se cumplió por los requisitos difíciles de conseguir. No obstante, con la Ley 4069 el Ministerio de Justicia pudo flexibilizar las exigencias a través de la Comisión Técnica de Calificación (Comteca) que reemplazó a la Conrevip.
La ley prevé el pago de entre 60 salarios mínimos (unos Bs 48.924) y 300 (Bs 244.220), de acuerdo con la calificación por secuelas dejadas o muerte.
Buscando el mecanismo. En la actualidad, el gobierno aún no sabe cómo se hará efectivo el pago del beneficio.
“El Ministerio de Economía verá si va a presentar un presupuesto reformulado o alguna forma jurídica y legal para un presupuesto adicional para este año, con el fin de que se efectivice el pago a las personas que han sido beneficiarias de esta calificación y que se han admitido sus peticiones”, manifestó Cox.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, dijo que si bien el proceso de calificación y reconsideración es valorable, no debería ser el único, y que el Estado debe hacer lo posible por realizar otras acciones “menos complicadas” que lleguen a más beneficiarios.
“Debió haber un criterio más consensuado, más político, pero integral. Se pidió a las víctimas documentos imposibles de proporcionar. Pero hay información importante, resultado de trabajos que se han registrado en la hemeroteca”, señaló Villena.
Crítica. Tras rechazar la calificación que concluye, en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) se sostiene que se ha “revictimizado” a las personas que han tenido que recordar el periodo de dictadura para poder evidenciar que fueron víctimas.
“Pedían certificados forenses, pasaportes, salvoconductos, testigos que eran imposibles de conseguir porque en un periodo de excepción y dictadura, lamentablemente, esos documentos y esa gente que conoció cada ciudadano que ha sufrido, no quisiera nunca más recordar”, dijo la presidenta de la APDHB, Yolanda Herrera.
Añadió que si bien hay 1.600 personas que van a acceder al beneficio, “se está cometiendo una gran injusticia con cientos de hombres y mujeres que han desestimado su participación porque se han visto vulnerados en sus derechos al ser rechazados por razones sin mucha consistencia”.
Freddy Salazar, víctima de la violencia política, cuestionó la labor del Ejecutivo. “Rechazar a varias víctimas, del proceso de calificación, significa borrar de la memoria lo que pasó en nuestro país y decirle al pueblo boliviano que son sólo 1.600 todas las víctimas de la dictadura”, señaló.
Qué indica la norma del caso. La Ley 2640 de Resarcimiento Excepcional establece que los hechos materia de resarcimiento serán procedentes en casos de detención y prisión arbitraria, tortura, exilio o destierro, lesiones e incapacidad calificadas, muerte en el país o el exterior por razones de violencia política, desaparición forzada, perseguido por razones político sindicales. Añade que los hechos o acciones de violencia serán resarcibles, previa presentación de pruebas, a través de los medios idóneos y legales a que hubiera lugar conforme a la ley.
Se analiza plan para ampliar beneficiarios. Las víctimas piden que el Estado también colabore en buscar a los desaparecidos
El Ministerio de Justicia analiza la posibilidad de abrir un nuevo proceso para beneficiar a más víctimas de violencia política, pero sólo para quienes fueron rechazados en los trámites de calificación y reconsideración, nómina que no sobrepasa las 800 personas.
“De las 2.450 personas que han ingresado (a la calificación), casi 800, entre hombres y mujeres que se toparon con las falencias procedimentales, van a poder ingresar en el último grupo. Este bloque es el que no pudo cumplir con los requisitos mínimos de las dos leyes (Ley 2640 y 4069), lo que imposibilitó que accedan a este proceso de calificación y que se verá en una revisión final”, indicó el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Nelson Cox.
Recalcó que no se abrirán nuevas calificaciones para otros que no se enlistaron anteriormente.
La autoridad señaló que esta nueva “reconsideración especialísima”, en consenso con las organizaciones de víctimas de la violencia política, saldrá una vez que se haya gestionado el proyecto de ley que facilite la entrega de recursos económicos para el resarcimiento de las primeras 1.600 personas beneficiarias.
Freddy Salazar, una de las víctimas de la dictadura, rechazó la forma en que se calificó a las víctimas y señaló que debió ser el Estado el que, con sus recursos económicos y humanos, se encargue de investigar y definir quiénes fueron las víctimas de tantos años de dictadura.
“Lo que queremos es que se haga una reparación integral, lo quiere decir que deben esforzarse en hacer aparecer los restos de los desaparecidos y que haya justicia para los asesinados”, manifestó.
Un 90% no se ha registrado
Según la Asociación de Familiares de Detenidos, De-saparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (Asofamd), a un 90% de sus miembros no se los ha reconocido como beneficiarios del resarcimiento, ni se les ha hecho justicia por el sufrimiento que padecieron en las dictaduras.
