El ministro de Justicia brasileño hizo el anuncio de 11 iniciativas tras las criticas de la ONU y de organizaciones no gubernamentales pro derechos humanos por las malas condiciones en que se encuentran los penales al nordeste del país.

Rio de Janeiro. El gobierno brasileño anunció este viernes un paquete de medidas para poner fin a la crisis que viven las cárceles del estado de Maranhao (nordeste del país), donde en 2013 murieron 62 presos y que estos días se han convertido en objeto de criticas por parte de la ONU y de organizaciones no gubernamentales pro derechos humanos por las malas condiciones en las que se encuentran.

En una rueda de prensa, el ministro de Justicia brasileño, José Eduardo Cardoso, acompañado de la gobernadora regional, Roesana Sarney, anunciaron hasta once medidas para intentar poner fin a la crisis desatada tras la ocupación por parte de la Tropa de Choque de la principal prisión del estado, y que tuvo como represalia la quema de autobuses y el ataque a comisarías.

Entre las medidas anunciadas, destacan el traslado de presos de los presidios con mayor índice de hacinamiento y la revisión, una por una, de todas las fichas de los presos del estado, con el fin de poder detectar a los presos preventivos, que están en la cárcel antes de haber sido juzgados, y a los que han excedido su tiempo de condena.

"Reuniremos defensores (del pueblo), si es necesario hasta de otros estados, ver caso a caso, preso a preso, si tiene derecho a una progresión de la pena. Hay casos de presos en Brasil que están cumpliendo pena más allá de su tiempo", explicó Cardoso en Sao Luis, la capital regional.

El ministro se desplazó de urgencia a Maranhao tras el estallido el pasado fin de semana de una ola de violencia callejera cuyas órdenes habrían salido de la prisión de Pedrinhas, la principal del estado y en la que murieron 59 presos el año pasado.

Tras la divulgación de un crítico informe del Comité Nacional de Justicia (CNJ) en diciembre alertando de las precarias situaciones de las prisiones del estado, las autoridades decidieron ocupar con la Tropa de Choque la prisión de Pedrinhas, como medida para poner fin a la violencia que hay dentro del presidio entre bandas rivales.

En respuesta, y siguiendo órdenes supuestamente salidas desde dentro de la prisión, se quemaron 5 autobuses y se tirotearon contra tres comisarías de policía entre el viernes y el sábado, provocando la muerte de una niña de 6 años que estaba en uno de los autobuses atacados y dejando otros cuatro heridos.

La situación provocó las críticas de la ONU y de varias ONGs, alertando de la precaria situación humanitaria en las calles y la violación de los derechos humanos en muchas cárceles.

Entre el paquete de medidas anunciadas hoy de urgencia por el Gobierno también hay la puesta en marcha de un plan de inteligencia dentro de las prisiones y la creación de un núcleo de atención a familiares de presidiarios, medidas que ya se han puesto en práctica en otras regiones del país.

Además, también se pondrá en marcha un curso de capacitación de policías que están implicados directamente en acciones de seguridad y vigilancia de los reclutas.

Todas las medidas serán coordinadas por un comité gestor, que estará liderado por la gobernadora Sarney, e integrado por representantes de los tres poderes, de la fiscalía y la policía y será supervisado por el Gobierno.

Por su parte, Sarney anunció que el Gobierno regional invertirá 131 millones de reales (unos US$55 millones) para mejorar el sistema penitenciario de Maranhao, y que creará 2.800 nuevas plazas este año para intentar reducir el hacinamiento y evitar así los habituales enfrentamientos entre bandas rivales dentro de los centros penitenciarios.