La decisión establece que los soldados "garantizarán" la seguridad "de las personas y del patrimonio" y "la manutención del orden público" en las obras de la represa de Belo Monte, que la semana pasada fueron paralizadas por una protesta de indígenas y campesinos de la región.

Brasilia, EFE. El gobierno brasileño anunció este lunes que enviará tropas de una fuerza especial de seguridad al estado amazónico de Pará, en el norte del país, para garantizar las obras de una represa hidroeléctrica resistida por indios y campesinos.

La decisión fue publicada en el Diario Oficial y establece que los soldados "garantizarán" la seguridad "de las personas y del patrimonio" y "la manutención del orden público" en las obras de la represa de Belo Monte, que la semana pasada fueron paralizadas por una protesta de indígenas y campesinos de la región.

El gobierno no definió el número de soldados que serán enviados al remoto rincón de la Amazonía donde se construye la represa, pero aclaró que pertenecerán a la Fuerza Nacional de Seguridad, un cuerpo especialmente entrenado para combatir situaciones de desorden público.

La polémica represa es uno de los principales proyectos oficiales en el área de energía y se prevé que, una vez concluida, será la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, por detrás de las de Itaipú, que comparten Brasil y Paraguay, y Tres Gargantas, en China.

El gobierno calcula que la represa comenzará a operar en 2015 con una potencia máxima de 11.233 megavatios cuando alcance sus picos de producción, que oscilarán en relación con los niveles del río Xingú, donde será emplazada.

Según datos oficiales, para la construcción de ese coloso de concreto en plena Amazonía serán inundados 516 kilómetros cuadrados de selva amazónica.

Grupos ecologistas nacionales y extranjeros sostienen que esas obras desplazarán a unos 50.000 indios y campesinos que habitan en las riberas del río Xingú y que además se causarán unos "daños irreparables" al ya delicado ecosistema amazónico.

Las protestas de la semana pasada fueron protagonizadas por unos 150 indios, campesinos y activistas de la organización Xingú Vivo, que ocuparon los canteros de las obras y obligaron a paralizar la construcción durante dos días.