La Ley 13196, conocida inicialmente como Ley de Cruceros y posteriormente como Ley Reservada del Cobre, es una ley chilena, aprobada durante el gobierno del presidente Carlos Ibáñez del Campo.

El ministro de Defensa de Chile, José Antonio Gómez, confirmó que el gobierno no apelará al fallo del Consejo para la Transparencia que les obliga dar a conocer a todos los chilenos el contenido de la Ley Reservada del Cobre.

Aseguró que tras el dictamen y en post de “la paz y la tranquilidad de todos los chilenos”, como gobierno decidieron revelar el contenido de dicha ley y con ello, revocar el secreto y hermetismo que mantenía hasta el momento.

“El Consejo para la Transparencia dictó un fallo en el cual establece que todos los artículos, excepto el tercero, son públicos y hemos decidido no apelar para los efectos de que esa ley sea conocida por todos los chilenos” afirmó.

Todo esto, surge tras la polémica que envuelve al Ejército a raíz del fraude de más de 5 mil millones de pesos gracias a dicho mandato, ante lo cual el ministro aseguró que como gobierno “estamos entregando todos los antecendetes, a fin de que no se perjudique a las fuerzas armadas en conjunto o al ejercito en particular por hechos que eventualmente pueden ser problemas individuales“.

Respecto a por qué esta ley ha permanecido en secreto tras 26 años del fin de la dictadura, desde la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas argumentaron que “la divulgación de la información solicitada afectaría a la seguridad nacional, toda vez que, los recursos destinados a través de la referida ley, tratan sobre la adquisición de material bélico y equipamiento militar”.

El Consejo por la Transparencia aseguró que pidieron hacer pública esta ley ya que “en democracia, las leyes deben ser públicas para permitir su conocimiento previo a los ciudadanos, respecto de los mandatos, permisos y prohibiciones que puedan ser impuestos a una comunidad”.

La Ley 13196, conocida inicialmente como Ley de Cruceros y posteriormente como Ley Reservada del Cobre, es una ley chilena, aprobada durante el gobierno del presidente Carlos Ibáñez del Campo y modificada sustancialmente durante el régimen militar, que tiene como objeto destinar ingresos de la venta de cobre -principal producto de exportación del país- para la compra y mantención de armamento para las fuerzas armadas de Chile. Fue promulgada el 29 de octubre de 1958 y publicada en una edición restringida del Diario Oficial,2 es decir, se trata de una ley secreta.

Milicogate. Refiriéndose directamente al desfalco de dineros desde la institución castrense, el ministro Gómez aseguró que tanto él como la cartera de defensa lamentan esta situación porque “en vez de hablar de militares que están trabajando en el norte para controlar el virus zika o el trabajo que están realizando en Haití, nos toca hablar de este tema”.

“No creo que haya más involucrados en el hecho, menos el general Oviedo. Acá sólo se está investigando a Fuente-Alba y esperamos se aclare prontamente la situación“, mencionó.

A la vez, se refirió a como afectan estos hechos a la imagen de la institución, en donde aseguró que “ninguna de estas acciones dejan de dañar la imagen institucional, pero acá lo importante es como actúa el Ejercito y en ese sentido, la institución está realizando todas las acciones para que todo se aclare con prontitud“.