El Tribunal Constitucional (TC) acogió el 27 de abril una petición de legisladores de oposición de objetar la legalidad de un artículo que establecía al sindicato como el único actor de una negociación colectiva.
Santiago. El Gobierno chileno dijo el sábado que vetará partes de la reforma laboral promovida por la presidenta Michelle Bachelet que fueron declaradas inconstitucionales por parte de una corte, y las enviará al Congreso para revivir su discusión.
El Tribunal Constitucional (TC) acogió el 27 de abril una petición de legisladores de oposición de objetar la legalidad de un artículo que establecía al sindicato como el único actor de una negociación colectiva, en un duro golpe para la iniciativa impulsada por la presidenta socialista Bachelet.
También rechazó parte de una medida que prohíbe a las compañías extender los beneficios resultantes de los acuerdos a los empleados no sindicalizados.
"No podemos descartar no sólo que se comprometan (por la decisión del TC) algunos de los avances alcanzados en el proyecto, sino que se materialicen retrocesos en los derechos de los trabajadores", dijo el ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz.
Para evitar tales riesgos, "se hace preciso vetar ciertos aspectos del proyecto" enviándolos de vuelta al Congreso, añadió en declaraciones en el palacio presidencial que fueron divulgadas en un comunicado.
Los detalles completos de la decisión del Tribunal Constitucional está previsto que sean publicados el 9 de mayo.
"Una vez que conozcamos todos los fundamentos de la decisión del Tribunal, enviaremos un proyecto de ley al Parlamento que adecue el texto a dichas consideraciones en materia de titularidad sindical y que restablezca condiciones a objeto de avanzar en las relaciones laborales más equilibradas y justas", dijo Díaz.
"En la medida que el fallo del tribunal permita que los sindicatos sean la única contraparte para acordar pactos, repondremos en el nuevo proyecto de ley estas materias", agregó.
La reforma, encaminada a fortalecer el trabajo organizado en el país sudamericano, fue aprobada por el Senado en marzo después de una dura batalla que abrió divisiones dentro de la coalición de gobierno Nueva Mayoría.
La ley busca fortalecer a los sindicatos y poner fin al reemplazo de trabajadores en huelga, algo que los empresarios rechazan y han advertido que afectará el empleo en medio de una debilitada economía doméstica.
